El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea dejó sin efecto toda la prueba bancaria traída desde Panamá en el juicio ICE-Alcatel.
Ese fue uno de los principales argumentos de los jueces para anular la condena de cinco años de prisión que se había dictado contra el expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez.
Con el fallo dictado ayer, también fueron beneficiados otros seis imputados, tres de los cuales estaban en prisión.
En la resolución, el Tribunal declaró la “nulidad de la prueba documental N.° 588 y todos los elementos probatorios que de esta dependan directamente”.
De acuerdo con la acusación que había presentado el Ministerio Público, esa prueba correspondía a 420 folios en los que se acreditaba que dinero proveniente de Alcatel había ingresado en cuentas panameñas relacionadas con exdirectivos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y con la esposa del exmandatario Rodríguez, Lorena Clare, a través de la cuenta de la empresa Servicios Notariales Q. C.
Según la Fiscalía, el dinero correspondía a dádivas que dio Alcatel a cambio de que se le otorgara un contrato de telefonía celular.
La empresa Servicios Notariales Q. C. pertenecía al abogado Luis Adrián Quirós, cuñado del exgerente de Alcatel Costa Rica, y quien también había sido condenado en este caso, en primera instancia.
Los movimientos del dinero en Panamá salieron a relucir mientras se investigaba el caso Caja-Fischel, por el que se condenó al también expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. En esa causa se descubrió que Servicios Notariales Q. C. depositó dinero en la cuenta de Marchwood Holdings, sociedad del expresidente de Corporación Fishel, Walter Reiche.
La Fiscalía también dijo que, finalmente, el dinero fue utilizado por el entonces diputado de la Unidad, Eliseo Vargas.
‘Ilegal’. José Miguel Villalobos, abogado de Eliseo Vargas, alegó durante todo el proceso que la prueba traída de Panamá era “ilegal”.
Ayer, el defensor sostuvo ese argumento y consideró que esa fue la razón por la que el Tribunal anuló la prueba.
“Son estados bancarios que habían sido conocidos durante el caso Caja-Fischel y que tenían un vicio, que era que el levantamiento de cuentas bancarias se hizo (en Panamá) sin la orden de un juez (como lo exige la legislación tica). La Procuraduría le pidió a la Fiscalía que hiciera el levantamiento”, explicó.
“Desde el principio planteé que había una nulidad de origen de toda la prueba, y que, de no haber sido por esa prueba, no habría proceso”, agregó Villalobos, quien, en la apelación, también representó a otros imputados. Sobre la posibilidad de que la Fiscalía recurra a casación, dijo: “Seguiremos peleando la tesis. Quiero ver si este fiscal lo hace con una prueba que es ilegal”.