El Tribunal de Juicio de San Carlos, en Alajuela, dictó una orden de captura contra el exdiputado Rigoberto Abarca Rojas para que cumpla una pena de cinco años de prisión por el delito de peculado.
La disposición se giró desde el martes, luego de que se diera a conocer que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que condena al exlegislador del Partido Unidad Social Cristiana (1998-2002).
La sentencia condenatoria se dictó el 9 de febrero del 2009, cuando se le halló culpable de usar fondos públicos para la compra irregular de una finca. El delito fue en perjuicio de la Asociación de Vivienda San Juan y del Estado.
En el nuevo fallo, los magistrados de la Sala Tercera recalificaron el delito, que había sido planteado como administración fraudulenta, y, en su lugar, lo declararon culpable de peculado. La Sala mantuvo la pena de cinco años.
Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debe detener a Abarca, hasta ayer desconocían su paradero.
En este caso, también fueron sentenciados el expresidente de la Asociación, Víctor Blandón (a cinco años), y el exasesor legislativo Ramón Fernández (a tres años).
La Policía también desconoce el paradero de Blandón, mientras que a Fernández se le concedió el beneficio de suspensión de la pena por un periodo de cinco años.
Los tres deberán pagar al Estado ¢87 millones por daños y perjuicios, así como las costas del proceso, fijadas en ¢9 millones, para un total de ¢96 millones.
Captura. Gerald Campos, jefe regional del OIJ, manifestó que ya recibieron la orden de apresarlo.
“En caso de que el señor Abarca –de cuyo paradero no hay información– no se presente voluntariamente, el OIJ se encargará de buscarlo y ubicarlo para ponerlo a disposición del Tribunal”, afirmó Campos.
El pasado viernes, Abarca habló con La Nación e indicó que no había sido notificado del fallo de la Sala.
Asimismo, el exdiputado adelantó que llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues aseguró que es víctima de persecución política.
Ese mismo día, él se graduó como administrador de empresas en la sede regional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Santa Clara de San Carlos.
Ayer se intentó contactarlo nuevamente; sin embargo, no fue posible.
Hechos. La condena del exdiputado está relacionada con la compra de una finca en Boca Arenal, San Carlos.
De acuerdo con la sentencia, en mayo del 2000, la Asociación presidida por Blandón la compró al entonces asesor Fernández.
Cuatro meses antes, Fernández se la había comprado a la Sociedad Arbolitos de Oro, de la cual el diputado Rigoberto Abarca era presidente.
De acuerdo con la Fiscalía, el mismo Abarca había gestionado una partida de ¢45 millones para la compra.
Estos mismos hechos habían sido juzgados en el Tribunal de San Carlos, en octubre del 2003, por el delito de negociaciones incompatibles, y Abarca fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, este primer juicio fue anulado por la Sala Tercera en mayo del 2007, por lo que se realizó un nuevo debate que culminó con el fallo del 2009 y la posterior sentencia de la Sala Tercera.