Con la noticia de los indultos otorgados por el Consejo de Gobierno en el presente mes y en especial con la decisión de indultar al veterinario Bernal Arias Sibaja, se ha causado una polémica en la cual sale a la luz nuevamente la intromisión política en las decisiones del Gobierno que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos y salen a justificar de manera inadecuada sin conocer el transfondo del caso la actuación por la cual un tribunal penal impone una sentencia condenatoria por el delito de tentativa de homicidio, sentencia que es ratificada por los tribunales superiores en razón de considerarse que está dictada a derecho.
Políticos, ministros y diputados justifican el actuar del indultado, sin realizar palabra o mención alguna de la víctima, el menor Berny Araya Loría. Se indicó que el actuar del imputado tenia intenciones homicidas y se justifica que su actuación es en defensa de sus intereses familiares y patrimoniales.
Soy penalista y, como tal, desde hace algún tiempo he desarrollado un proceso de administracion de la ejecución de sentencias penales, en la cual pretendo con privados de libertad y sus familiares establecer un adecuado programa de atención, para que el proceso de privación de libertad sea el más adecuado y se pretende con ello que el privado de libertad conozca y cumpla a cabalidad con los planes de atención institucional que le permitan acceder de una manera más óptima a los beneficios carcelarios que el sistema les brinda, o bien nuestra normativa penal, incluyendo dentro de ellos la exigua posibilidad de un indulto.
Con las características y los antecedentes que han justificado el actuar del Consejo de Gobierno, el malestar existente entre la población y la víctima en particular es comprensible. La víctima en este caso, Berny Araya Loría, ha dicho:
“La resolución me irrespeta, me ofende e ignora todo el sufrimiento que he padecido en estos años. Me desilusiona saber que quien me disparó quede sin castigo. Laura Chinchilla me decepcionó, no esperaba esa decisión y esto abre las puertas para que en este país alguien mate y lo pongan en libertad por conexiones políticas”. (La Nación, 14/12/12/)
El articulo 90 del Código Penal establece y regula el indulto en nuestra legislación, e indica: “Consultará también a la Corte Suprema de Justicia, únicamente cuando la solicitud del indulto se fundamenta en una crítica a la sentencia judicial”. Acaso las justificaciones que han dado los políticos no son una crítica a la sentencia, pues, mientras ellos en sus excusas alegan una actuación en defensa de los derechos del indultado, la sentencia indica que las intenciones homicidas se demostraron.
Este caso en particular es una intromisión de la clase política en las decisiones estatales y un golpe a la independencia judicial pues se cuestiona de manera abierta el resultado de una sentencia judicial, que determinó la responsabilidad de un ciudadano y con un proceso expedito. Se pone fin a una sentencia judicial sin dar cumplimiento a los requisitos institucionales y gubernamentales que han privado para el otorgamiento de este beneficio. Se deja por fuera una lista de privados y privadas de libertad, que por mucho pueden ser acreedores de dicho beneficio y que no tienen los alcances de la mano política para que abogue por ellos.
Lo mínimo que esperaría la víctima en este caso es que la Presidencia, el ministro de Información, el diputado Manrique Oviedo y todos los que votaron a favor para indultar en el Consejo de Gobierno, se preocupen por saber si a este puede el Estado repararle el daño ocasionado con el actuar de su victimario hoy día perdonado por ellos. Esperamos que el victimario busque el perdón de la víctima, no solo en palabras, sino que otorgue un resarcimiento a ese daño que hoy día queda impune.
Para el suscrito, el indulto da verguenza y más verguenza aun con las justificaciones que se brindan a la prensa en desamparo de la realidad de los hechos tal cual fueron juzgados. Que esta decisión permita a las autoridades de Adaptación Social y del Instituto Nacional de Criminología hacer una valoración de los hechos tal cual lo hace el Consejo de Gobierno, para ver si de esta manera se procuran más posibilidades de reinserción a la sociedad de privados de libertad que hoy día se encuentran preparados para ser objeto de un beneficio que les permita el cumplimiento efectivo de sus penas en centros semiinstitucionales.