Un grupo de vecinos de San Carlos levantaron la voz contra la instalación de más plantas hidroeléctricas en ese cantón alajuelense.
La protesta se materializó en una solicitud planteada el 30 de noviembre al Concejo Municipal para que declare una moratoria por un plazo de al menos cinco años para esa actividad.
Los quejosos temen que la sobreexplotación de sus cuencas para desarrollo de plantas hídricas pueda afectar las nacientes de agua que abastecerán a la población futura. Asimismo, les preocupa el impacto en las especies acuáticas como peces y camarones, y en el turismo de aventura, como el rafting.
Este grupo tiene especial desvelo en los desarrollos en la cuenca alta y media del río San Carlos, donde, según afirman ellos, hay 30 represas, la mayoría de ellas de generadores privadas.
“Las represas han cortado de manera intermitente la corriente de los ríos, secando por horas tramos importantes de los cauces e inundándolos con fuertes corrientes en otros momentos del día, haciendo imposible el normal desarrollo de los ecosistemas”, expresó Ulises Rodríguez, de la vecina comunidad de Bajo Los Rodríguez de San Ramón,
De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) los ríos sancarleños alimentan 14 plantas generadoras, las cuales suman 224 megavatios (MW) de capacidad instalada.
Es decir, esta zona aporta un 9% del total instalado en el país, que ronda los 2.450 MW.
Tres de estas plantas hidroeléctricas –las más grandes– son del ICE: Peñas Blancas, Toro 2 y Toro 3, que suman 154 MW de capacidad.
Además, en etapa de construcción hay dos plantas que suman 88 MW y en elegibilidad otras dos, las cuales suman 9 MW adicionales.
Algunos de los desarrollos energéticos pertenecen a Coopelesca, otros a las cooperativas de Electrificación Rural (Coneléctricas), a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al sector privado.
El alcalde sancarleño, Alfredo Córdoba, lo mismo que el ministro de Ambiente, René Castro, y el gerente de Electricidad, Gravin Mayorga, coinciden en que los proyectos impactan y deben regularse pero no necesariamente prohibirse.
Córdoba recordó que el gobierno local no tiene potestad para declarar la pretendida moratoria.
“Este país no puede estar generando energía con hidrocarburos. Lógicamente hay que regular, como todo en la vida, pero no se puede ser tan intransigentes”, agregó.
Estudios definen. Gravin Mayorga, del ICE, dijo que cada desarrollo debe demostrar que sus beneficios al país compensan los posibles impactos negativos, sobre una base de evaluación, caso por caso.
El funcionario recordó que la fuerza del agua es un recurso que les pertenece a los costarricenses y el ordenamiento jurídico determina las entidades que tienen autoridad para establecer cuándo un recurso puede ser explotado.
Mientras, en el caso de las afectaciones socioambientales, le corresponde a la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) juzgar cuándo un proyecto es inconveniente por el impacto ambiental que provoca.
A juicio del ministro de ambiente, René Castro, parte de los temores de los vecinos se debe al desconocimiento.
Por ejemplo, dijo, muchos desconocen que la electricidad se genera a partir de la fuerza del agua y que el líquido se reintegra al río.
Castro reconoció que falta planificación para definir cuáles son las cuencas más apropiadas para desarrollos energéticos y cuáles para otras actividades.