Ciudad Quesada, San Carlos. El exlegislador socialcristiano Rigoberto Abarca tendrá que cumplir la condena de 5 años de prisión que el Tribunal de Juicio de San Carlos dictó en su contra, el 9 de febrero de 2009, cuando lo halló culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la Asociación de Vivienda San Juan y el Estado.
Así lo indicó la Sala Tercera en su resolución número 2012-001944 dada el viernes anterior, luego de que ordenara anular el juicio anterior y abrir un nuevo el cual concluyó el viernes anterior.
En el nuevo fallo, los Magistrados recalificaron el hecho de administración fraudulenta a un delito de peculado; pero se mantuvo la pena impuesta de cinco años, en aplicación del principio de no reforma en perjuicio.
Consultado telefónicamente por La Nación, Abarca afirmó que aún no ha sido notificado del fallo de los magistrados.
Anunció que llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando ser víctima de persecución política.
“Tengo absoluta seguridad que no he cometido el delito que el Ministerio Público me atribuye, por ese convencimiento, acudiré ante la Corte Interamericana con la seguridad de que se me hará justicia”, agregó Abarca.
Por el mismo delito, también fue sentenciado Víctor Blandón, expresidente de dicha asociación, a cinco años de cárcel.
Además, Ramón Fernández, asesor del exdiputado Abarca, resultó condenado a tres años, pero se le concedió el beneficio de suspensión de la pena por un período de prueba de cinco años.
En forma solidaria, los tres condenados deberán pagar al Estado ¢87 millones por daños y perjuicios, así como, las costas del proceso en la vía civil, fijadas en ¢9 millones, para un total de ¢96 millones.
Al fallo de la Sala Tercera no le cabe recurso alguno de apelación.
Abarca fungió como diputado durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
Su fallo está relacionado con la compra de una finca en Boca Arenal, San Carlos, que la asociación presidida por Blandón hizo a Fernández en mayo del 2000.
Cuatro meses antes, Ramón Fernández se la había comprado a la Sociedad Arbolitos de Oro que, en ese entonces, presidía Rigoberto Abarca.
Para esa época, Fernández fungía como asesor legislativo de Abarca quien, precisamente un año antes (1999), había gestionado la partida de ¢45 millones con la que se financió la compra de dicho inmueble.