El Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla debe tomar nota de lo sucedido el martes en el Salón de Expresidentes de la República de la Asamblea Legislativa. Cinco diputados liberacionistas dieron la adhesión a la precandidatura del alcalde capitalino Johnny Araya y despertaron una aireada reacción de la tendencia encabezada por el exministro de la Presidencia Rodrigo Arias.
Los aristas protestaron por el uso de las instalaciones del Congreso para un acto político-electoral. Criticaron, también, la presencia del alcalde en horas laborales. El tono de los aristas se tornó particularmente áspero en boca de su líder: “'queda clara a los costarricenses la indebida conducta de un político que no tiene ningún inconveniente en hacer una mala utilización de los recursos públicos para su beneficio personal”, declaró Arias en alusión a su contrincante.
Acto seguido, pidió al Tribunal Supremo de Elecciones destituir al alcalde por participar en la actividad política durante la jornada de trabajo. Araya respondió que tomó la tarde de vacaciones para hacer varias diligencias, incluida su asistencia al acto en el Congreso.
Cómo se dirimirá la confrontación causada por el acto público está por verse. Más claras están las dificultades planteadas al Gobierno por la franca división de la bancada liberacionista en dos campos deslindados por la lucha electoral. La primera en recalcarlo fue la legisladora Elibeth Venegas, quien presumió de la mayoría todavía matriculada con Arias, cuya tendencia suma el apoyo de 17 de los 24 miembros de la fracción. Los arayistas, por su parte, celebraron el acto público precisamente para evidenciar su presencia en el Congreso.
La unidad nunca fue característica sobresaliente de la fracción liberacionista en esta administración, y el Gobierno ya tiene experiencia con los efectos nocivos de la dispersión. Durante el primer año de gobierno de la presidenta Chinchilla, las mal disimuladas facciones se repartían entre ella y el arismo, con clara ventaja para este último. Las fricciones surgieron en torno al ejercicio del control político, la jefatura de fracción y el trámite de importantes proyectos de ley. Se reflejaron, también, fuera del recinto parlamentario.
La reacción de la opinión pública, el rechazo a la interferencia con un Gobierno que daba sus primeros pasos y la toma del directorio legislativo por la alianza opositora devolvieron la sobriedad a las fuerzas en pugna, y la mandataria pudo contar con la bancada hasta la fecha. Ahora, la convención amenaza la forzada armonía con año y medio de administración Chinchilla por delante.
La turbulencia no necesariamente cesará en abril, cuando se dirima la justa electoral interna. Mucho dependerá de cuál bando sale victorioso y de la actitud adoptada por los vencidos. Una victoria de Araya dejaría a la mayor parte de la fracción sin aspiraciones inmediatas de verse constituida en Gobierno, pero con capacidad para exigir cuotas de participación y ejercer influencia sobre el cierre de la administración Chinchilla. Una victoria de Arias consolidaría su liderazgo sobre la fracción y podría tentarlo a iniciar una prematura gestión de gobierno.
Ninguno de los dos panoramas es halagueño para la administración y su ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, encargado de allanar el camino legislativo para las propuestas del Gobierno.
Los potenciales conflictos se hicieron notar el miércoles de la semana pasada, cuando el exministro Arias pidió públicamente a la mandataria mantener imparcialidad en la contienda liberacionista. La presidenta visitó la casa del alcalde Araya, donde mantuvieron una conversación apartada, según ambos, del tema de la política electoral.
“Espero que este acercamiento no vaya a alterar la obligada neutralidad en este proceso de convención y que la señora presidenta se comprometa a que ninguno de sus funcionarios y ministros cruce la línea de la imparcialidad”, dijo Arias poco después del encuentro. Es un aviso de los peligros que la administración Chinchilla debe, en adelante, sortear.