San José (Redacción). Un informe de la Contraloría General de la República determinó que el Programa Avancemos, que entrega dineros a estudiantes de familias de escasos recursos para que no abandonen las aulas, urge de una revisión integral ya que hay fondos del Estado que se giran sin que se cumpla el objetivo de los mismos.
Los estudiantes becados deben cumplir con la condición de permanencia en el sistema educativo, sin embargo, en el año 2011 se entregó el benefició a 11.708 estudiantes (6.3% de la población becada) que no contaban con un centro educativo asociado en el sistema de información.
También se determinó que en el año 2011 se realizaron transferencias por montos superiores a los correspondientes. Lo anterior originó pagos en exceso por ¢94,9 millones, a un total de 2.869 beneficiarios.
La investigación también encontró desactualización de variables relacionadas con la condición socioeconómica de los beneficiarios, en la Ficha de Información Social (FIS), para verificar la verdadera necesidad que tendrían de la ayuda estatal para mantenerse dentro del sistema educativo (a diciembre de 2011 existían 1.184 beneficiarios a los cuales no se les confeccionó una FIS y 2.900 familias beneficiarias con FIS vencidas).
Según el ente contralor, para el 2011 Avancemos estableció como meta del Plan Nacional de Desarrollo (PND), beneficiar a 160.000 estudiantes, sin embargo el programa hizo entrega mensual de la transferencia a 145.440 beneficiarios.
Otro hecho relevante es que se entregó el beneficio a 13.762 estudiantes pertenecientes a familias que, según el puntaje asignado en la FIS, no se encontraban en condición de pobreza o vulnerabilidad; tampoco contaban con el Informe Técnico Social que acreditara su condición de riesgo y lo calificara para recibir la transferencia, según lo exige la normativa.
La Contraloría llama a actualizar los montos de las becas, que existen desde el 2007. En estos cinco años se estima en casi un 40% la pérdida de su valor adquisitivo, producto de la inflación.
Finalmente se determinó que ni el Ministerio de Educación Pública, ni el Instituto Mixto de Ayuda Social han realizado evaluaciones del programa Avancemos, para conocer su eficacia y el efecto de la inversión pública en los niveles de deserción o permanencia de los estudiantes beneficiarios.