Las partidas específicas, antaño motivo de graves escándalos, fueron llamadas al orden en 1998 mediante una ley destinada a erradicar los vicios cultivados a su amparo. Los diputados incluían en el presupuesto partidas con destinos predeterminados, la mayoría de las veces con intención de desarrollar obras comunales, en otras con fines discutibles, como apoyar con fondos del Estado las finanzas de equipos de futbol, y en algunos casos con propósitos cuya licitud fue objeto de estudio en el Ministerio Público.Leer más...
Las partidas gestionadas por los diputados distorsionan el gasto público, dirigiéndolo a las comunidades y organizaciones con capacidad de influir
Las comunidades creen que los legisladores son responsables de ejecutar obras porque ellos mismos alimentan esa impresión