El Poder Ejecutivo anunció que buscará la forma de que haya claridad en cuanto a las ayudas directas a algunas comunidades que gestionan diputados por medio de sus despachos y que objetó la Sala Constitucional.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, aseguró ayer que se debe “hacer el esfuerzo que sea necesario para establecer un detalle concreto de la forma en que se va a utilizar cada uno de esos recursos”.
La Nación reveló que en el 2011 al menos 10 diputados gestionaron partidas ante el Gobierno para obras comunales específicas, por ¢1.300 millones, según testimonios y documentos municipales.
La situación es vista con ojo crítico desde la oposición en el Congreso, según la cual la asignación de recursos en el presupuesto del Gobierno para que diputados los repartan es una forma de regresar a las partidas específicas, que en el pasado se vieron como una forma de “política clientelista”.
Para el presupuesto del próximo año, aprobado por el Congreso el 30 de noviembre, los diputados aprobaron una partida de ¢3.600 millones que no tenía fines específicos.
La Sala IV declaró inconstitucional la partida, aunque, a fin de cuentas, el plenario la aprobó.
Para la jefa de fracción de Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña, el Partido Liberación Nacional (PLN) se opuso a eliminar el rubro “porque pretende utilizar el dinero en operaciones clientelares durante el 2013, año preelectoral”.
“Esa no es la forma de repartir recursos públicos, porque no hay criterio de prioridad. Se sigue con política tradicional. Es la vieja política”, dijo la diputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez.
Sin embargo, a criterio de Benavides, las partidas para apoyo a las comunidades deben especificarse para evitar este tipo de cuestionamientos desde el Congreso.
Además, Benavides afirmó que el Ministerio de Hacienda gira los recursos con base en solicitudes de grupos interesados en las distintas comunidades y no por la exclusiva gestión de un congresista.
“No creo que la sola intervención de un diputado sea suficiente como para que haya una asignación de recursos”, dijo.
El socialcristiano Luis Fishman alegó que los recursos repartidos por diputados en el 2011 son “solo la punta del iceberg”.
“El clientelismo es una práctica terrible, donde se disponen recursos de todos los costarricenses como si fueran recursos propios, para hacer creer a los ticos que es parte de la bondad de un diputado”, dijo Fishman. Benavides dijo que el Gobierno “no debe promover que existan zonas grises en la asignación de recursos que son de todos”.