La Asamblea Legislativa es, por excelencia, el foro de discusión en una república democrática. Cuando la Constitución Política le asigna la selección de altos cargos del Estado, presupone una ponderación de los candidatos y la fragua de mayorías en el debate abierto, de cara a la ciudadanía.
La elección de la subcontralora fue todo lo contrario. La presidencia del directorio llamó a votar y los diputados escribieron, sigilosos, el nombre de su preferencia. La Comisión de Nombramientos había analizado los atestados de cuatro decenas de aspirantes, pero la mayoría se inclinó por Silvya Solís, cuyo nombre no aparecía en la lista.
La nueva subcontralora, juramentada el miércoles, se enteró de su probable designación una semana antes, mediante una llamada telefónica del jefe de la fracción oficialista, Fabio Molina. Consultada la candidata, los liberacionistas se pusieron de acuerdo, enlistaron el apoyo de algunos legisladores de oposición, entre ellos Justo Orozco, de Renovación Costarricense, único que confirmó su voto por la candidata ganadora.
El resto del Congreso, como el país, se enteró al finalizar el conteo de los votos emitidos en secreto. Hay, pues, una subcontralora cuyas calidades y atestados no son de conocimiento público ni fueron sometidos al escrutinio y ponderación del debate. No es aventurado suponer que el desconocimiento se extiende a muchos electores.
En política, dice el diputado Molina, a veces se vale lanzar “distractores”. Se impone preguntar, en primer lugar, cuáles son esas veces y cuál la dimensión de las distracciones admisibles. En juego hay mucho más que la habilidad para construir mayorías solapadas.
El tema no es la aritmética, como dijo el legislador. El tema es la forja de acuerdos en procesos transparentes, con los lógicos márgenes para la negociación a puerta cerrada. La aritmética dirime, al final, los criterios confrontados a lo largo de la esencial discusión en el primer poder de la República.
Reducir los procesos de toma de decisión a la más básica operación matemática entraña graves peligros. Abominables regímenes a lo largo de la historia pudieron, desde la cúspide del poder, invocar la aritmética en su favor. Por eso, en el sistema democrático el proceso importa tanto como el resultado.
En defensa del sigilo, Molina argumenta la proclividad de los opositores a desprestigiar las propuestas del oficialismo. El ocultamiento de la identidad de Solís tuvo la intención de impedirlo. Impidió, también, la celebración de un proceso de selección franco, apto para cimentar la legitimidad de las decisiones. Nada de lo dicho, claro está, prejuzga las habilidades de la nueva funcionaria.