El índice da percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional ubica a Costa Rica entre los tres mejores países de América Latina. La noticia sería para celebrar si la distancia del primer puesto no fuera tanta. En la escala de cero a cien, obtenemos una nota de 54, pero Chile y Uruguay empatan a la cabeza con una calificación de 72, distante en 18 puntos del líder mundial, Dinamarca.
Ningún índice de esta naturaleza aquilata con precisión la magnitud de la corrupción en un país, pero, bien elaborados, son instrumentos aptos para construir una noción general. La coincidencia entre el desarrollo perceptible y la fortaleza de la institucionalidad abona a la credibilidad del índice. No sorprende la pobre ubicación de Venezuela y Haití, los peor calificados de la región, como tampoco la de Somalia, al fondo de la lista mundial, o la de Dinamarca a la cabeza.
América Latina, después de África, es la región percibida como más corrupta, y ninguno de los demás países centroamericanos alcanza los 50 puntos. El más cercano a esa calificación es El Salvador, con 38, seguido por Guatemala, con 33. Nicaragua y Honduras alcanzan 29 y 28 puntos, respectivamente.
Repasadas las diferencias en el desarrollo institucional, no es difícil explicar nuestra distancia de países vecinos, incluido Panamá, también calificado con 38 puntos, pero nos condena la diferencia con Chile y Uruguay, naciones en muchas formas comparables.
La lucha contra la corrupción es un lema de campaña recurrente en nuestros procesos electorales y en ocasiones ha sido bandera de la más hipócrita demagogia. Con todo, merece figurar entre los grandes temas del debate político, no solo por la realidad revelada en los índices, sino por sus consecuencias para el desarrollo. La corrupción no es solo un problema moral, capaz de desgastar la confianza en las instituciones y el prójimo, sino también una grave cortapisa al desarrollo.
El Banco Mundial viene acumulando estadísticas y estudios sobre el impacto de la corrupción en la inversión, el crecimiento, la estabilidad económica y fiscal, la desigualdad social y hasta la preservación del ambiente. En todos los casos es un factor crítico. Distorsiona el funcionamiento de los mercados, erosiona la seguridad jurídica, adultera las decisiones de gasto público y redunda en inestabilidad política.
En los últimos años, el desarrollo de grandes obras públicas en algún país de nuestro vecindario despierta envidia y se cita como prueba de la inoperancia nacional, producto del exceso de controles. Imposible e inconveniente negar la necesidad de perfeccionar los mecanismos existentes para convertirlos en agentes del desarrollo, pero igualmente dañino es buscar modelos donde la celeridad se premia por encima de la honradez. Exhibirán esos países modernas carreteras y grandes obras de transporte urbano, ejecutadas sin contratiempos, pero un examen más detallados revelará costos que Costa Rica no debe estar dispuesta a pagar.
La corrupción, dice el Banco Mundial, se ensaña con las capas desfavorecidas de la población y ensancha la brecha social. Sus manifestaciones más notables distorsionan la inversión pública y distraen recursos de los servicios básicos, particularmente críticos para quienes rondan la línea de pobreza.
Sus expresiones de menor escala expolian los exiguos presupuestos familiares a cambio de servicios en teoría gratuitos. El pago exigido para acelerar una cita u obviar un requisito de acceso a determinado servicio social es un injusto impuesto cuyo importe pesa más sobre los más necesitados. Lejos de celebrar su inclusión entre los tres mejores países de la región, el nuestro debe fijarse la meta de sanear la gestión pública y privada, eso sí: con celeridad.
El modelo está en Chile, al mismo tiempo milagro económico y líder de la transparencia, o mejor aún en Dinamarca, siempre en los primeros lugares de las mediciones del ambiente de negocios, como sus vecinos escandinavos, y nunca rezagada en la represión de la corrupción.