La Sala IV rechazó ayer, de plano, la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Luis Fishman contra las resoluciones del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) que determinaron el valor del seguro obligatorio para los automóviles.
Esa acción iba en defensa de los motociclistas, que se quejan por el alto costo del marchamo, y para evitar más manifestaciones, había dicho Fishman. De acogerse, la Sala IV pudo suspender el cobro.
Al contrario, la Sala IV acogió ayer para estudio un recurso de la Defensoría de los Habitantes contra el INS y la Sugese.
Por otra parte, el Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda le dio tres días al Gobierno para que explique el aumento en el valor fiscal de alrededor de un millón de vehículos.
El Tribunal falló en un caso presentado por el grupo Consumidores de Costa Rica, pero rechazó la petición de suspender inmediatamente el cobro del marchamo.
En el caso de la Defensoría, la queja es por la negativa del INS y la Sugese a entregar la información sobre el incremento en el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) para las motocicletas.
El Tribunal Contencioso, por su lado, le exigió al Ministerio de Hacienda la entrega de las justificaciones para actualizar el valor fiscal. Esos cálculos elevaron el precio de los carros y, con ello, impactaron en los impuestos incluidos en los derechos de circulación.