Una investigación de la Contraloría General de la República sobre la construcción de la trocha fronteriza 1856 alcanzó a siete altos funcionarios del Gobierno.
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Se trata de los viceministros Mauricio Boraschi (Presidencia), Wálter Navarro (Seguridad) Juan Carlos Pacheco (Hacienda), Roy Barboza (Vivienda), Adolfo Ortiz (Salud) y Ana Guevara (Ambiente), así como la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales.
Ellos fueron incluidos, en su condición de directivos de la CNE, dentro de un procedimiento disciplinario abierto por la Contraloría para determinar eventuales responsabilidades en torno a la fiscalización y al manejo de los recursos públicos en la trocha 1856.
Tras investigar el caso, el ente contralor entabló un proceso para imponer eventuales sanciones a 21 funcionarios y exfuncionarios, incluidos los altos cargos.
Los castigos podrían ir desde una amonestación escrita hasta un despido o una prohibición para ejercer cargos públicos por ocho años. Todos fueron convocados a una audiencia oral en abril.
La Contraloría, que no reveló detalles del caso, también incluyó a cinco exdirectivos de la CNE (tres de ellos exviceministros) y seis directivos y exdirectivos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como el exministro de Transportes, Francisco Jiménez.
La lista la completan el exdirector ejecutivo del Conavi, Carlos Acosta, y los encargados de la trocha, Manuel Serrano y Miguel Ramírez. Ellos tres fueron notificados ayer por una funcionaria de la Contraloría al terminar de comparecer en el Congreso. José Miguel Villalobos, abogado de los dos últimos, se mostró confiado en que saldrán ilesos del proceso.
La trocha (de más de ¢20.000 millones) se inició en diciembre del 2010 sin concursos para contratar empresas tras el conflicto con Nicaragua. En mayo de este año, el exministro Jiménez denunció un supuesto pago de dádivas en la obra.
En un comunicado, la CNE dijo que la Contraloría quiere determinar si sus directivos tenían responsabilidad en la fiscalización de la trocha. La Comisión insiste en que no la tenían pues la obra fue hecha por Conavi con fondos de Conavi. Boraschi añadió que el Conavi nunca entregó información solicitada.
Por su lado, el exministro Jiménez alegó que la CNE sí tenía un papel importante de fiscalización. Él espera que la Contraloría logre dilucidar los “manejos inadecuados” y mencionó que falta gente por nombrar en un proyecto “empañado por malas acciones”.
En tanto, el viceministro de Vivienda dijo que actuará conforme a derecho y el de Hacienda, que estará dispuesto a aclarar cualquier tema. Colaboró Irene Rodríguez