Es esencia de las municipalidades ser la manifestación del aparato estatal más cercana a la ciudadanía. Por eso se las conoce como gobiernos locales y se les asignan responsabilidades y potestades de alcance limitado a la comunidad donde operan. Los datos del censo y las estadísticas de construcción ponen en duda el fiel cumplimiento de esas funciones.
Las cifras acreditan la construcción de 300.000 viviendas sin permiso municipal a lo largo de la última década. Son unas 30.000 construcciones por año. Si la ocupación promedio fuera de 3,5 habitantes por vivienda, según los datos del 2011, casi la cuarta parte de la población nacional viviría bajo techos construidos en abierta contradicción con la ley.
El cálculo es conservador. Buena parte de la construcción irregular, por razones obvias, se da en sectores económicamente desfavorecidos, donde las familias son más grandes. La estimación también podría quedar corta porque solo contempla edificaciones ayunas de permisos, sin considerar la emisión irregular de autorizaciones, de las cuales no han faltado casos.
Según Franklin Solano, coordinador de investigación de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), hay cantones donde el incumplimiento de requisitos alcanza el 60% de las construcciones y, según el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, una de cada cinco edificaciones se levanta sin permiso municipal.
Son demasiadas casas para pasar inadvertidas, y eso pone en tela de juicio la supervisión encargada a los gobiernos locales. Maureen Fallas, alcaldesa de Desamparados, atribuye el problema a rasgos culturales de un país empeñado en evadir requisitos. Razón de más para ejercer supervisión.
La alcaldesa promete fortalecer los controles en adelante, y eso equivale a una confesión de debilidades pasadas. Su cantón, uno de los más poblados, también figura entre los más victimizados por el desbordamiento de ríos y otros fenómenos naturales no tomados en cuenta por los constructores clandestinos.
Los gobiernos locales también alegan, no sin razón, la escasez de inspectores. Hay casos dramáticos, como el de Sarapiquí, donde dos funcionarios tienen a cargo la supervisión de un extenso territorio. Ese cantón, y Desamparados, figuran con Alajuela, Limón y San Carlos entre los más afectados por la construcción irregular.
El problema debe ser visto con preocupación. No se trata de la omisión de trámites sin consecuencia ni de la burla de inútiles barreras burocráticas. La construcción clandestina implica peligros mortales y disminuye las defensas del país ante los caprichos de la naturaleza. Los permisos de ley no solo son necesarios para asegurar la integridad estructural de las edificaciones y su conformidad con el Código Sísmico, sino también la seguridad del emplazamiento escogido.
Los permisos de construcción representan, quizá, el elemento más decisivo de cualquier política de prevención de desastres. En un país como el nuestro, de altísima sismicidad, cuyo régimen de lluvias constituye, al mismo tiempo, una bendición y una amenaza, la identificación y control de riesgos es crítica.
El problema no es nuevo. La estadística publicada ayer por este diario da cuenta de lo sucedido a lo largo de una década. Tampoco es un problema difícil de visualizar. Una comparación del censo de viviendas con los permisos otorgados revela, sin mayor esfuerzo interpretativo, el abismo existente entre las autorizaciones y las edificaciones realmente construidas.
Si las municipalidades no consiguen ejercer controles adecuados, los riesgos aconsejan la intervención del poder ejecutivo para apoyarlas.
Los trámites, por otra parte, deben ser simples, expeditos y costeables según el tipo de construcción. Es necesario allanar el camino para estimular el cumplimiento en beneficio de la seguridad.