La religión es algo privado y particular, que puede practicarse colectivamente y en público, pero es importante comprender que ni lo colectivo, ni lo que se hace “en público”, son cosapública, o sea, materia de la República. Lo público es lo propio de nuestro Estado republicano y, por ser de todos, debe ser pluralista y democrático, no adscrito inmutablemente a ninguna ideología específica.
Los edificios estatales tienen una función bien determinada, con actividades puntuales según su razón de ser, obligadas para muchos. Deben ser neutrales política e ideológicamente, y tienen exigencias seculares por ser parte de un estado republicano, tal como clarifica la Sala IV en unos considerandos muy notables (ver más adelante).
Eso no excluye para nada que funcionarios y ciudadanos, en el espacio y tiempo de sus intervenciones oficiales, expongan sus criterios con total libertad, incluyendo las bases ideológicas que los fundamentan. Y menos aún que atente contra la libertad de culto en general.
Confusiones.
En el asunto de la libertad religiosa, estamos ante un equívoco sobre los alcances de las libertades en una sociedad democrática, que se encuentran acotadas en intensidad, tiempo y espacio, sin por ello perder su carácter. La libertad de comercio puede realizarse en ciertos sitios y horas según se trate; pero no se puede alegar su amenaza porque no permitan poner un tenderete dentro de una oficina pública.
Existe libertad de expresión, pero eso no implica que se pueda instalar un grafiti escultórico en medio de un plenario por un mes. Existe libertad política, pero sería indigna imposición colocar la bandera de un partido específico acompañando el estrado municipal, aunque una mayoría lo vote. Con la libertad de culto igual, se defiende su práctica en los espacios privados y públicos correspondientes, como plazas y calles, pero no se puede alegar que se viola la libertad de culto porque no se permitan ritos o simbología religiosa dentro de cualquier espacio estatal. Cada cosa en su lugar.
Algunos justifican pesebres y otra simbología religiosa dentro de la cosa pública diciendo que nuestro Estado es católico. Pero es que una cosa no lleva a la otra; no debe extenderse este precepto declarativo más allá de lo que explícitamente dice. Lo indica la Sala IV en su reciente Sentencia 2023-2010 sobre la “missio canonica”, que no ha tenido la divulgación necesaria y de la cual todavía no se extraen todas sus consecuencias prácticas:
Considerando IV: “...La cláusula del Estado confesional debe ser objeto de una interpretación y aplicación restrictiva, en cuanto, ineluctablemente, impacta la libertad religiosa en su más pura expresión”... “De otra parte, la libertad de culto indicada en el artículo 75 debe encontrarse, imperativamente, subordinada a la tolerancia que es consustancial al respeto de la dignidad humana (artículo 33) que se erige en un valor supremo del sistema de los valores de los derechos fundamentales y humanos”.
Considerando VI: “...Conforme al principio de la neutralidad religiosa, los poderes del Estado deben interpretar los conceptos constitucionales con fundamento en criterios de aplicación neutrales y que resulten válidos para todos, esto es, de manera no confesional o vinculada a una creencia religiosa en particular.
”La proyección de la neutralidad religiosa del Estado en la programación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, surge de una serie de valores, principios y normas constitucionales. Así, el artículo 1° de la Constitución Política, a partir de la proclamación del Estado costarricense como una ‘república’, supone la consagración del principio republicano al que es consustancial la secularización de la esfera pública...”. Resulta especialmente llamativo el artículo 28... al preceptuar : “No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”, precepto constitucional que deja patente la intención del constituyente originario de separar la esfera política y administrativa de la órbita religiosa, evitando intersecciones inconvenientes que puedan frustrar el goce y ejercicio de ciertos derechos fundamentales y humanos de carácter básico.
¿Por qué la libertad de culto se toma mayores libertades que las otras dentro de la cosa pública? No es por compartir belleza, tradición, sacralidad o ideas, pues para ello basta invitar, como cualquiera humildemente lo hace: venga voluntariamente a tal casa, templo, plaza, auditorio, museo, estadio, y vea lo que siento y pienso.
Lamentablemente, al dispositivo religioso aún le quedan residuos de ese lastre histórico que aplicó hegemonía a la fuerza, en conjunción con el poder político, como fórmula de control social. Por eso, el Estado moderno ha urgido la separación de ambas órbitas. Y por eso también la doctrina católica lo ha promovido, para no “empañar la pureza de su testimonio” (Gaudium et Spes y Dignitatis Humanae).
Nótese que, en el fondo, el problema es político, no religioso. Vale la pena reflexionar.