Si un usuario va a quejarse porque el taxista le cobró de más o porque el chofer del autobús no le paró, deberá tener paciencia. Podrían pasar años antes de que el Consejo de Transporte Público (CTP) atienda su reclamo.
Según datos del propio Consejo, a setiembre de este año se han presentado 49.288 gestiones en la ventanilla única del Consejo, donde solo trabajan siete personas.
Si lo que se requiere es inspeccionar una flotilla de buses, verificar que están en buen estado o que cumplen con la ley para personas con discapacidad, el problema es más grave: solo hay 13 inspectores para todo el país.
El CTP es como el hijo despreciado del MOPT: no tiene un edificio propio, y desde que nació, se ahoga en trámites y responsabilidades y nadie le tira un salvavidas.
Durante las últimas semanas, el Consejo alcanzó cierta notoriedad cuando taxistas y porteadores demandaron intervenirlo, por supuestas irregularidades en la adjudicación de permisos especiales de taxi (antiguo porteo).
Además, la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) presentó una denuncia en el Ministerio Público, por aparentes actuaciones del CTP fuera de la legalidad.
Con 143 funcionarios, el Consejo es responsable de dar seguimiento a los expedientes de 4.577 buses de ruta nacional, otros 8.500 de servicios especiales (turismo, empleados y estudiantes) y 12.200 taxis.
Además, vigila los 2.964 permisos especiales de taxi que se han entregado en los últimos meses.
Pintura regalada. Como una curiosidad adicional, el CTP tiene una unidad de ingeniería que se encarga, entre otras cosas, de demarcar las paradas de bus en todo el país
Para esa misión solo hay dos empleados y la pintura se las regala Ingeniería de Tránsito.
Las cifras las divulga el director del Consejo, Mario Badilla, quien asegura que están tratando de hacer cambios, pero que tantos problemas juntos no se resuelven en un año.
Cuestionó, por ejemplo, que el CTP sufra por el plan de contingencia del gasto del Gobierno, a pesar de las necesidades de la entidad. Esos planes, por ejemplo, les impiden echar mano de 12 plazas que están congeladas este año.
El 94% de los recursos que recibe por año (¢2.500 millones) se van en el pago de salarios, servicios (agua, luz, teléfono) y el alquiler del edificio (¢228 millones al año).
“El Consejo se ha hecho demasiado burocrático. Antes estaba la comisión técnica de transportes, era más eficiente que ese consejo, porque ahora es un órgano político, donde las directrices vienen desde Casa Presidencial”, sostuvo Rubén Vargas, de la Unión de Taxistas,
Se intentó conocer el criterio de Maritza Hernández, de la Cámara Nacional de Transportes, pero en los últimos dos días no atendió su teléfono celular, ni respondió el mensaje dejado en su oficina.
En cambio, Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, se mostró muy sorprendido por las cifras divulgadas ayer.
Según manifestó, desde que asumió el cargo ha estado más pendiente de los consejos de Vialidad y Concesiones. El siguiente, sostuvo, era el CTP.
Ante los hallazgos, aseguró que conformará una unidad que estudie la entidad y busque alternativas para paliar la carga de responsabilidades que tiene.