La oposición a un plan para cultivar aquí maíz genéticamente modificado, con el fin de obtener semilla y sacarla del país, creció en los últimos días con diferentes pronunciamientos.
Entre ellos, están los de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias y de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como otro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Estas manifestaciones se unen a las de grupos ecologistas, quienes incluso organizaron una marcha desde Guanacaste. La comitiva salió el 24 de noviembre y ayer se encontraba en Grecia.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad tramita una solicitud para cultivar cerca de una hectárea, en tres ensayos, de maíz genéticamente modificado.
Dos de los ensayos son para semilla con resistencia a plagas que afectan el maíz y otro para la tolerancia contra un herbicida, confirmó ayer la coordinadora de la comisión y funcionaria del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Leda Madrigal.
Quienes se oponen, argumentan que mediante la polinización o el trasiego de semillas se puede dispersar la variedad de maíz transgénico y afectar las variedades criollas de ese grano.
Así lo dijo, por ejemplo, Jorge Lobo, investigador de la Escuela de Biología de la UCR.
La ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), Gloria Abraham, en tanto, confía en lo que decida la Comisión, ente que debe aprobar o rechazar cualquier petición para ensayos de cultivos.
Dos extremos. Desde 1991, Costa Rica ha aprobado ensayos para producir semilla genéticamente modificada con distintos fines. En los últimos cinco años, se aprobaron para algodón, soya, banano y piña.
La mayoría son para exportar semillas, pero en algunos casos, como con la Universidad de Costa Rica (UCR), se aprueban ensayos para desarrollar tecnología local.
Abraham dijo que la posición oficial es la de tratar estos temas en términos absolutamente científicos y evitar el matiz político.
Madrigal detalló que la Comisión se ampara en tres leyes: la de protección fitosanitaria, de 1997; la de biodiversidad, de 1998; y el Protocolo de Cartagena, al cual se adhirió Costa Rica.
Fabián Pacheco, miembro de la Comisión y representante de los ecologistas, advirtió de que este tema no se puede resolver solo desde el punto de vista técnico.
Adujo un ángulo cultural y otro social para evitar la contaminación de las semillas autóctonas y, sobre todo, evitar que mediante patentes se exija luego comprar materiales que están protegidos en manos de multinacionales.