“Sentarse a dialogar en este momento con esos grupos es darle una bofetada al pueblo costarricense”, dijo el viceministro de la Presidencia, Francisco Marín, cuando se le consultó sobre la ruptura del diálogo con los motociclistas empeñados en conseguir una rebaja en el importe del marchamo.
Vistos los disturbios causados por los motociclistas el martes, no se le puede negar razón al funcionario. La manifestación pasó del cierre deliberado de vías, en sí mismo un acto de violencia y menoscabo del derecho de los demás ciudadanos, a la agresión física y verbal.
La respuesta de los motociclistas es una amenaza: habrá una tercera manifestación, de “consecuencias impredecibles”. Esa actitud pone al Gobierno, y al país en conjunto, en situación de decidir si está dispuesto a tolerar la imposición de intereses sectoriales por las vías de hecho. La respuesta de la presidenta Laura Chinchilla es una negativa terminante, pero la sociedad debe acompañarla en esa determinación.
Los manifestantes están envalentonados porque, frente a las “impredecibles” consecuencias de sus acciones, está la hasta ahora predecible inoperancia del Código Penal. Es necesario sentar el precedente de consecuencias totalmente predecibles para quien vulnere la ley.
Las agresiones contra vehículos y personas fueron captadas por las cámaras de los noticieros nacionales. La confrontación con una ciudadana que reclamó respeto a su libertad de tránsito, transmitida por Telenoticias de Canal 7, ilustra la ausencia de límites y la confianza depositada por los manifestantes en las medidas de fuerza.
Albino Vargas, dirigente de la ANEP, responsabilizó por los actos vandálicos a supuestos “infiltrados”, pero a nadie responsabilizó de planes tan siniestros. ¿Los infiltró el Gobierno para afectar la imagen de la manifestación? ¿Habrá sido el Instituto Nacional de Seguros (INS) para proteger sus ingresos? ¿Serían los sindicatos para luego culpar al Gobierno? ¿Algún partido de oposición con el propósito de disminuir las posibilidades de triunfo del oficialismo en las próximas elecciones? ¿El propio partido de gobierno para culpar a la oposición? ¿Se tratará, más bien, de infiltrados espontáneos?
Todas son hipótesis absurdas, como absurda es la explicación del dirigente. El vandalismo surgió de la manifestación misma. El método escogido para celebrarla es, también, ilícito. El Código Penal sanciona la obstrucción de vías, y la Sala Constitucional tiene bien establecidos los criterios para armonizar el derecho a manifestarse con la libertad de tránsito.
El cierre temporal de algunas vías puede ser consecuencia práctica de una manifestación, pero no es lícito convertirlo en el objeto de la marcha o congregación, como lo hicieron los motociclistas al estacionar sus motos frente a las estaciones de peaje. Lo contrario equivaldría a convertir a los ciudadanos necesitados de desplazarse en rehenes de los manifestantes.
Si la dirigencia sindical condena los actos vandálicos al punto de atribuirlos a “infiltrados”, seguramente no objetará su arresto y procesamiento en salvaguarda de la ley, el derecho de los demás y la buena fe del movimiento que encabezan. Si fuerzas oscuras pretenden deslegitimarlo, deben aplaudir las acciones policiales desplegadas para impedir la maniobra.
Los motociclistas consiguieron, el año pasado, una rebaja en el seguro obligatorio de vehículos que, según el INS, afectó sus reservas. Las tarifas no se fijan a capricho, sino a partir de cálculos actuariales. En el caso de las motocicletas, el costo del seguro no puede desvincularse de su proclividad a los accidentes. Para rebajar el seguro sin afectar gravemente al INS, sería necesario establecer un subsidio de los demás vehículos a los motociclistas. Hacerlo exige una reforma legislativa difícilmente aceptable para los propietarios de otros vehículos a quienes se recargaría el costo.