La Sala IV ordenó detener cualquier sentencia relacionada con la decisión del gobierno de Laura Chinchilla de declarar una moratoria en la exploración de petróleo en el país a causa de una acción de inconstitucionalidad que presentó el Colegio de Geólogos.
Así lo confirmaron, por separado, el ministro de Ambiente y Energía, René Castro, y el representante en Costa Rica de la firma estadounidense, Pedro Oller.
En tanto, ya pasó casi un año desde que la petrolera estadounidense Mallon Oil demandó al Estado por negarse a firmar el contrato que le permitiría explotar petróleo y gas natural en las llanuras de la zona norte por 20 años.
Sin embargo, aunque el Tribunal Contencioso-Administrativo ya conoció los argumentos de ambas partes, suspendió la emisión de la sentencia desde julio pasado. Mientras la Sala IV no resuelva el recurso en estudio, el Tribunal no podrá dictar su fallo.
Oller, representante de la petrolera, afirmó que la compañía es respetuosa de los plazos legales: “Esperamos que los frentes judiciales resultantes de la declaratoria de moratoria de la administración Chinchilla Miranda se resuelvan a la brevedad y permitan a la empresa desarrollar las actividades para las que fue invitada a este país y que son objeto de la adjudicación que se encuentra vigente”.
Por su parte, el ministro Castro defendió la moratoria, sostuvo que el asunto depende de la Sala IV y adelantó que el Gobierno evalúa otras alternativas para introducir el uso del gas natural.
El titular de Ambiente sostuvo que no hay certeza de que aquí existan yacimientos comercializables de gas natural, pero el Gobierno sí analiza importar el producto para producir electricidad y evitar el consumo de petróleo en el ICE.
Mallon demandó al Estado el 12 de diciembre del 2011 ante el Tribunal Contencioso. En ese estrado, pidió que se obligue al Gobierno a firmar el contrato de exploración, además de reclamar un eventual resarcimiento económico.
Lo hizo luego de que, en agosto de ese año, Chinchilla firmó el decreto que postergó para el 2014 el trámite de cualquier permiso para la extracción de petróleo en el país.
Acción de rebote. Dos meses y medio antes de que la petrolera demandara, el Colegio de Geólogos presentó una acción de inconstitucionalidad en la Sala IV contra la moratoria petrolera.
Entre otros argumentos, el Colegio alegó que el decreto es inválido porque la Ley de Hidrocarburos no autoriza al Poder Ejecutivo a declarar moratorias petroleras.
La Sala IV acogió para estudio la acción y el 15 de diciembre del 2011 ordenó a todos los juzgados no dictar resolución final en cualquier proceso relacionado con el caso.
Por ello, el Tribunal Contencioso suspendió en julio la sentencia en el caso de Mallon. Así lo ratificó el 31 de agosto al rechazar una apelación de la petrolera.
El 23 de enero de este año, por cierto, Mallon se presentó ante la Sala IV para apoyar la acción del Colegio de Geólogos, al tiempo que la Procuraduría General contestó el recurso en defensa del Estado.
La compañía alega que, desde el 2000 ganó un concurso del Ministerio de Ambiente y Energía (Minaet) para explorar hidrocarburos en San Carlos, Sarapiquí y Pococí.
En ese momento, el contrato no fue sellado porque grupos ambientalistas impugnaron legalmente el estudio preliminar de impacto ambiental de la petrolera, el cual se limitaba a la recopilación de datos sobre la geología de la zona.
En el 2010, tras diez años de diputas legales, la Sala IV declaró sin lugar un amparo contra el estudio preliminar, con lo que Mallon solicitó la firma de la concesión.
Pero, el Minaet le solicitó a la empresa estadounidense precisar los sitios de exploración inicial y en ese proceso el Gobierno declaró la moratoria petrolera.