En un abrir y cerrar de ojos, 40 diputados aprobaron anoche por unanimidad un proyecto de ley para eximir a los autobuseros y taxistas de un cargo adicional en el marchamo, el cual sí tienen que pagar los propietarios de autos particulares.
El plan, que también beneficia a los automotores propiedad de las instituciones públicas, elimina un importe equivalente al 33% del seguro obligatorio de vehículos.
Si el seguro obligatorio de un autobús es de ¢88.000, el importe adicional es de poco más de ¢29.000. Dicho monto se destina a financiar la operación del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Sianny Villalobos, diputada del PLN que impulsó la reforma, argumentó que este año el INS le facturó ese cargo adicional al transporte público en el marchamo a causa de un error cometido en la más reciente reforma a la ley de trránsito.
Esa reforma legal cambió la redacción del artículo 10 de la Ley de Administración Vial, la cual destinaba al Cosevi el 33% de la suma recaudada por el Instituto Nacional de Seguros (INS) “por concepto de seguro obligatorio de vehículos particulares”.
Con el proyecto de la ley de tránsito, se eliminó la palabra “particulares”.
El proyecto para colocar de nuevo esa palabra lo presentaron el miércoles 42 diputados y ese mismo día lo dispensaron de trámite para poder votarlo ayer.
Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, alegó que el Instituto nunca había incluido ese importe adicional en el marchamo de los más de 8.000 buses del país.
Ella agregó que lo que podría haber es un error de interpretación por parte del INS, pues el artículo pareciera decir que el Cosevi debe recibir el 33% de lo recaudado por seguro obligatorio y no que se cargue un monto adicional.
Sin embargo, la diputada Villalobos sostuvo que el Instituto siempre les ha cobrado ese monto extra a los autos particulares y lo que se produjo, en la reforma a la ley de tránsito, fue un error en relación con el transporte público.
“El espíritu nunca fue cobrarles (a los buses, taxis y autos estatales). Es responsabilidad del legislador arreglar esa omisión”, sostuvo la legisladora, quien adujo que los autos particulares siempre han pagado ese 33% adicional y que lo que corresponde es enmendar el error de eliminar la palabra “particular”.
Consultada sobre qué pasará ahora, en vista de que el INS ya sacó a cobro al marchamo, Villalobos sostuvo que la facturación puede ser revisada hasta el 15 de diciembre y puede hacerse la corrección.
El plan fue aprobado en primer debate. Aún falta el segundo debate y la publicación por parte del Poder Ejecutivo.
Consultado ayer por este medio, antes de la votación, el INS dijo que está obligado a recaudar el 33% del aporte al Cosevi a vehículos de transporte público y estatales.