“No puede ser que seamos la única nación del mundo en la que tenemos que coger a un juez, que no conoce del contexto de una investigación, ni siquiera la jerga delictiva que sí conocen los policías, y que tenga que imaginar qué significa cuando los delincuentes usan el término papas o chayotes.
”Muchos casos se nos están cayendo porque simple y sencillamente los jueces ni tienen tiempo ni están involucrados en las investigaciones como para saber qué significa lo que están escuchando (en las intervenciones telefónicas)”.
Con esos señalamientos, ayer, la presidenta Laura Chinchilla justificó su segunda propuesta de reforma constitucional.
Se trata del artículo 24 de la Constitución que establece la inviolabilidad de las comunicaciones escritas u orales. Con base en ello, el sistema jurídico costarricense permite que solamente un juez pueda escuchar las llamadas telefónicas intervenidas.
Chinchilla planteó que deben ser los policías de investigación quienes oigan las conversaciones cuando se trate de casos de narcotráfico u otro tipo de crimen organizado.
Señaló que el procedimiento se haría siempre bajo la autorización de un juez.
Precisamente, dos proyectos presentados en la Asamblea Legislativa buscan ese mismo cambio. No obstante, las iniciativas no son de carácter constitucional, sino sobre la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.
Chinchilla consideró que los cambios deben ser sobre la Carta Magna.
La idea fue parte de las propuestas que envió ayer al Congreso y con las que busca mejorar la lucha contra las organizaciones criminales.
Víctor Emilio Granados, presiente de la Asamblea Legislativa, apoyó la iniciativa. “Guardando las garantías del caso, debe permitirse que sean técnicos y liberarnos de esa amarra que existe actualmente”, manifestó.