Un costarricense vinculado con la mafia y requerido en el extranjero, hoy puede refugiarse en nuestro país para evadir a la justicia internacional, pues la Constitución Política impide extraditar a los nacionales.
Eso podría cambiar si prospera una propuesta que realizó ayer la presidenta de la República, Laura Chinchilla.
La mandataria anunció que ayer mismo enviaría al Congreso una propuesta de reforma al artículo 32 de la Carta Magna. Actualmente, esa norma reza que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”.
De acuerdo con la iniciativa de Chinchilla, la extradición sería válida solo en casos de narcotráfico u otro tipo de crimen organizado, a los que ella calificó como tan dañinos como el terrorismo.
El proyecto lo dio a conocer durante el encuentro de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (Cicad) que este año, tiene su sede en el país.
Durante la actividad, fue designado como nuevo presidente del Cicad, el viceministro de la Presidencia y comisionado antidrogas, Mauricio Boraschi.
Mensaje a criminales. Chinchilla consideró que permitir que los nacionales sean enjuiciados en el extranjero mejoraría la lucha contra el crimen en la región.
“Por ser una reforma constitucional podría tardar hasta dos años (...). Pero, solamente el que nos estemos atreviendo a plantearlo manda un claro mensaje a las bandas que puedan creer que Costa Rica va a seguir siendo un paraíso, desde su normativa, para venir a instalarse aquí.
”Aquí no hay ángeles, aquí ya empieza a haber personas que son detenidas por la justicia internacional”, manifestó Chinchilla.
No obstante, aclaró que el procedimiento deberá garantizar los derechos de los imputados.
Aplausos y desaprobación. La embajadora de Estados Unidos aquí, Anne S. Andrew, consideró que la propuesta de Chinchilla “ayudará a Costa Rica a evitar convertirse en un refugio seguro para redes criminales transnacionales”.
“Es un positivo paso adelante y un elemento disuasorio contra estas organizaciones que son una amenaza para la seguridad de Costa Rica, de Estados Unidos y de la región”, declaró la diplomática.
Por su parte, Víctor Emilio Granados, presidente del Congreso, coincidió en que sería un cambio positivo. “Los delitos asociados al narcotráfico tienen un carácter transnacional y es iluso pensar que podemos enfrentarlos solo desde la perspectiva nacional”, aseveró.
Fabio Molina, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó similar criterio. “Esos delitos trascienden nuestras fronteras. De pronto es otro país el que tiene más pruebas”, señaló.
Mientras tanto, Carmen Muñoz, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Luis Fishman, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), apelaron a juzgar a los delincuentes en el país, apegados a convenios internacionales.
“Nosotros hemos hablado de juzgarlos acá con las leyes nacionales y eso debe mantenerse. Y no es que queramos impunidad, sino la garantía constitucional del proceso”, expresó Muñoz.
“No creo que nos garantice nada el que se extradite a otros países donde no puedo dar fe de cómo funciona la justicia”, opinó Fishman.
Los países que actualmente permiten la extradición son Estados Unidos, México, Colombia, Reino Unido, Argentina, República Dominicana, Uruguay y, recientemente, Honduras.
Más ideas. La presidenta también propuso ayer una reforma constitucional para que sean los policías quienes realicen las intervenciones telefónicas y no los jueces, como ocurre en la actualidad.
Además, abogó por penas más severas para los delitos del crimen organizado.
Por otra parte, abogó por impulsar más patrullajes conjuntos antinarco en el Pacífico y pedir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declare al narco y al crimen organizado como amenazas para la paz.