La hora de materializar las reformas institucionales debatidas durante años, parece haber llegado. Grupos diversos adelantan ideas y los presidentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial firmaron un comunicado conjunto para pronunciarse sobre la necesidad de los ajustes. El diablo está en los detalles y es más fácil manifestar acuerdo sobre los problemas en general que coincidir en soluciones puntuales. Sin embargo, el consenso sobre los problemas por resolver es un magnífico punto de partida.
La concreción queda librada al arte de la política, el diálogo y la correcta identificación de las reformas posibles. La presidenta Laura Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, por ejemplo, coinciden con otros actores políticos en la necesidad de reformar la jurisdicción constitucional, pero no hay elementos de juicio para celebrar la existencia de un acuerdo sobre la naturaleza de esas reformas.
Para conseguirlo, solo existe el camino de la discusión seria y las mutuas concesiones. En esa línea, los presidentes de los supremos poderes declaran la necesidad de acoger las propuestas provenientes de los grupos que se han ocupado de la reforma institucional, incluyendo la comisión reunida por la mandataria, para constituirlas en fundamento de “una discusión nacional dirigida a obtener resultados concretos en beneficio de nuestra democracia”.
Abogan, además, por avanzar con rapidez y determinación en los debates legislativos sobre la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa y la jurisdicción constitucional. A ese efecto, el Ejecutivo se comprometió a convocar los expedientes del caso en el periodo de sesiones extraordinarias.
El planteamiento es una reforma del aparato político institucional desde adentro, con lo cual renace una posibilidad casi abandonada en los últimos tiempos por efecto del estancamiento y la frustración.
Por muy buenas razones, importantes sectores llegaron al convencimiento de que la reforma desde adentro no es posible, pues el diseño institucional vigente condena el país al inmovilismo.
Así se explica la intención del expresidente José María Figueres y su grupo Vía Costarricense de producir el cambio desde afuera, mediante un referendo.
Es una posibilidad interesante si los procesos legislativos ordinarios se mantienen intransitables, pero la reforma por las vías usuales puede ser más armónica y favorable a la buena conducción de los asuntos públicos. El referendo, con la latitud de las decisiones limitada al “sí” o el “no”, invita a la mayoría a pronunciarse sobre la propuesta de quienes lo promueven, sin flexibilidad ni matices. Sirve, como se ha dicho en los últimos días, para deshacer el nudo gordiano del estancamiento, pero no conviene recurrir a él cuando hay otras vías posibles.
El único referendo celebrado hasta la fecha ilustra el punto. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana polarizó opiniones, al extremo de convertirse en tema irresoluble en la Asamblea Legislativa. Impulsores y opositores del tratado se abocaron, entonces, a someter la decisión al soberano.
La reforma institucional no tiene por qué seguir el mismo rumbo, en particular si los presidentes de los poderes involucrados consiguen forjar acuerdos sobre su naturaleza y logran consensuarlos, hasta donde sea posible, con las iniciativas de los grupos interesados.
En los acontecimientos de los últimos días hay un llamado a las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa para que afronten los problemas planteados con sensatez y realismo.
El hastío con la parálisis institucional es evidente y compartido por sectores cada vez más amplios. La reforma está en camino y toca a los diputados canalizarla por la vía más apropiada.
El tiempo para conseguirlo es limitado.