Los diputados tienen en su agenda de hoy la votación final del plan que rebaja el aporte de 21.000 educadores pensionados al régimen de pensiones del Magisterio Nacional y que, al mismo tiempo, elimina la potestad de Hacienda de eximir del impuesto de renta los dineros que salen del país vía remesa.
El proyecto, que se discute bajo el expediente 18.602, cuenta con el apoyo del Ministerio de Hacienda, luego de una negociación con el Magisterio Nacional y las organizaciones sindicales de educadores.
La propuesta pretende beneficiar a los educadores cuya pensión no llega a los tres salarios mínimos y que actualmente se ven expuestos a un aporte de renta del 10% sobre cada salario base.
En números sencillos, esto equivale a ¢44.000 de impuesto por dos salarios base, que suman ¢440.000, explicó el director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Róger Porras.
Con la propuesta, el impuesto del 10% sobre la pensión se empezaría a cobrar a quienes reciban más de 2,8 veces el salario base y no sobre los que reciben una pensión de hasta dos veces ese ingreso.
Esto significa que la base para cobrar el impuesto ya no serían ¢440.000, sino ¢615.000, dijo Porras.
La propuesta, que lleva cuatro años de discusión en el Congreso, vio la luz en primer debate el lunes, y hoy podría tener su aval definitivo luego de la votación del Presupuesto Nacional para el 2013.
El que da y quita. De acuerdo con el viceministro de Egresos, José Luis Araya, este proyecto evitará que la exoneración del impuesto de renta en las pensiones bajas del Magisterio incrementara el déficit fiscal.
“Si íbamos a exonerar del impuesto a las pensiones más bajas pues eso tenía que tener la correspondiente compensación en los ingresos fiscales porque no podemos crear una brecha fiscal, un desequilibrio fiscal”, dijo Araya, quien calculó el “vacío” que será compensado entre ¢16.000 millones y ¢17.000 millones.
El proyecto, entonces, deroga el artículo 61 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual permite al Ministerio de Hacienda exonerar del gravamen los envíos de ganancias hacia el exterior.
Este beneficio se aplica si las personas o empresas demostraban que la Administración Tributaria en el país de destino les cobraba el tributo.
Con la modificación, pagarán las personas físicas o jurídicas que saquen dinero del país producto de sus actividades, ya sea por participaciones sociales, intereses, comisiones, gastos financieros, patentes, regalías, reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros.
Respecto del cambio, Araya afirma que Hacienda más bien elimina un entuerto.
“Lo que hacíamos era algo inapropiado, porque le exonerábamos rentas generadas en Costa Rica; entonces, lo correcto es que paguen por las rentas generadas en Costa Rica”, afirmó.
El viceministro sostuvo que todos los que transfieran dinero, como bancos o empresas de remesas, tendrán que aplicar la norma. Eso sí, advirtió: “Esto no tiene nada que ver con las transferencias de inmigrantes que reciben la renta aquí, eso es diferente”, agregó.
Según Araya, el principal destino de este tipo de transferencias es Estados Unidos y, en ese país se les pedía a las personas pedir la exoneración en Costa Rica.
“Lo que estábamos haciendo era trasladando impuestos que deberíamos recaudar nosotros a Estados Unidos, siendo fuente costarricense”, explicó.
Para Alexánder Ovares, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), con la votación del plan se cumple “un compromiso de esta gestión”, y agregó que habían exigido “que antes de que finalizara este año tenía que darse esta justa reforma”
De aprobarse en segundo debate hoy, la reforma entraría a regir a inicios del próximo año.