El Gobierno declaró de interés público la importación, uso y distribución de gas natural licuado (GNL), y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se muestra anuente a convertir las plantas de generación térmica de Moín y Garabito para operarlas con ese combustible. Las dos decisiones son acertadas.
El GNL es más barato y limpio. Un barril de petróleo cuesta, por el momento, $95, y su equivalente en GNL cuesta $25. Es la misma cantidad de energía por una cuarta parte del precio. La adopción del GNL reduciría la factura petrolera del país en $35 millones e implicaría la disminución de las emisiones de dióxido de carbono en un 30%, es decir, 2 millones de toneladas según las estimaciones iniciales.
Los grandes depósitos de GNL descubiertos en nuestro hemisferio, especialmente en Canadá y los Estados Unidos, garantizan el abastecimiento y lo desvinculan de la inestabilidad política en otras regiones productoras de combustibles. Las mismas razones y la naturaleza del GNL lo desligan, también, de los volubles precios del petróleo.
La conversión de las dos plantas costará $40 millones, pero un estudio contratado por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con la reconocida firma canadiense Lavalin, estima que la inversión puede ser recuperada en tan solo 18 meses, merced al ahorro por la diferencia de precio.
La clave para aprovechar esas ventajas está en la decisión del ICE. La importación de GNL solo es factible si la demanda nacional alcanza un volumen de 150.000 toneladas por año, y, para lograrlo, es necesaria la participación de las plantas térmicas de esa institución.
Justificada económicamente la importación, el combustible estará disponible en el mercado nacional y podrá ser aplicado a otros usos. La conversión de un autobús a GNL cuesta $6.000, pero implica una reducción del 40% en los costos de operación y mantenimiento. En el caso de un taxi, la inversión es de $1.000, y el ahorro posterior alcanza el 50%.
Aparte de la conversión de vehículos existentes, el Gobierno podría aprovechar la renovación de unidades del transporte público para acelerar la adopción del GNL. Hay planes para sustituir 4.000 autobuses y 12.000 taxis por vehículos de combustible alternativo, incluyendo el gas y la electricidad. A ese efecto, el país conduce negociaciones con Japón y otras potencias industriales para obtener trato preferencial en precios y financiamiento.
Hay, además, un enorme potencial en el sector privado. Los beneficios para el transporte no son exclusivos del servicio público, y 15 grandes empresas ya se manifestaron interesadas en hacer la conversión para reducir costos y disminuir su impacto ambiental.
El Colegio de Geólogos cuestiona la medida, entre otras razones, por la inversión requerida en infraestructura para el trasiego y almacenamiento de GNL. Prefiere levantar la moratoria a la exploración petrolera para buscar, también, depósitos de gas natural. La existencia de esas reservas es posible y quizá probable. No hay forma de saber, de previo, si nuestro subsuelo las contiene en cantidades suficientes.
Pasará tiempo antes de que el país renuncie a la prohibición de la exploración local. Mientras tanto, las ventajas son suficientes para no obstaculizar la importación. Si en algún momento la veda cediera y se encontraran yacimientos considerables, el país deberá hacer una inversión similar para el trasiego y almacenamiento del gas local. En ese momento o en la actualidad, la recuperación de lo invertido será pronta a juzgar por la diferencia de precio.
Amortizada la inversión, el beneficio se trasladará a los hogares, en cuyos recibos eléctricos el factor térmico tiene un peso considerable, con posibilidades de aumentar según lo hagan los precios del petróleo en el mercado internacional o los embalses bajen por variaciones en el régimen de lluvias.