Veintinueve diputados del PLN, el PASE y los dos evangélicos aprobaron anoche, en primer debate, el Presupuesto Nacional del 2013.
Lo hicieron pocas horas después de que la Sala IV calificara de inconstitucional una partida de ¢3.600 millones que el Gobierno incluyó para municipalidades.
El Partido Liberación Nacional (PLN) rechazó la exigencia de los partidos opositores de abrir el plenario a comisión para ajustar el presupuesto e impulsó el plan de gastos por ¢6,4 billones.
La diputada liberacionista Alicia Fournier y el viceministro de Egresos, José Luis Araya, alegaron que el presupuesto podía ser votado sin problema y que el Ejecutivo, en respeto al criterio de la Sala IV, no girará la partida cuestionada.
Ante una consulta de legisladores de oposición, el alto tribunal concluyó que la partida de ¢3.600 millones, atribuida al Ministerio de Gobernación, viola el principio de especialidad presupuestaria.
Ese principio obliga a los legisladores a asignar los recursos a un destino específico y no global.
El Gobierno incluyó los ¢3.600 millones en una partida bajo el título “Fortalecimiento del régimen municipal (...) obras y servicios”, sin especificar proyectos.
Yolanda Acuña, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), sostuvo que ese era “un cheque en blanco”, una partida discrecional inaceptable en el año previo a las elecciones nacionales porque los recursos pueden ser usados con fines político-electorales.
La libertaria Mireya Zamora calificó la partida de “piñata”, y José María Villalta, del Frente Amplio, alegó que no había ningún criterio objetivo para repartir el dinero.
La diputada Alicia Fournier rechazó esas palabras y afirmó que son los concejos de distrito de los municipios los que definen los proyectos por financiar.
El PAC proponía distribuir las partidas con base en extensión e índice de pobreza de los cantones.