En este conflicto entre poderes del Estado quedó flotando la impresión de que los funcionarios del Poder Judicial eran los buenos y, los malos, los del Legislativo. Es un error. Ni los jueces son tan buenos para merecer el cielo, ni los diputados tan malos para quemarse el trasero en los infiernos.
A la Asamblea la censuraron por ejercer un derecho constitucional. ¡Increíble! Si el artículo 158 de la Constitución dice que los magistrados serán reelectos “salvo que en votación no menor de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario”, ¿dónde está, entonces, el pecado? Afirmar que ejercer esa atribución constitucional equivale a un golpe de Estado técnico es otro error.
Uno más es argumentar que, para elegir o no reelegir a un magistrado, se debe “motivar” el acto. Los actos políticos legislativos no se motivan por no ser actos administrativos del Poder Ejecutivo, sujetos a revisión judicial por vicios del fin, motivo o contenido. La Asamblea es soberana. Puede elegir sin motivar el acto y no reelegir por las mismas razones (o sinrazones).
Distinguir donde la Constitución no distingue aumenta la lista. Se inventaron causales inexistentes para limitar el derecho legislativo a no reelegir y pretender así garantizar una inamovilidad laboral que no existe en la Constitución. Solo pueden votar contra un magistrado –aducen– por pocas razones: falta de probidad; deshonestidad; acoso sexual'. Fuera de ellas, le niegan el derecho a no reelegir. ¿Qué tratan, en el fondo, de reivindicar? Algo sencillo y pedestre a la vez: inamovilidad laboral. Para eso, apelan a la presión y no a la fuerza del derecho. ¿En qué se diferencian de las huelgas callejeras de los sindicatos del ICE? En el color, quizás. Unos marchan de negro; otros, de amarillo. Pero ninguno descuenta de sus salarios las horas no trabajadas durante la manifestación. Se sindicalizó el Poder Judicial.
Al censurar públicamente a los diputados, se basaron en la opinión personal de uno de ellos, ignorando a los otros 37. Eso es grave. Porque el dicho de uno solo en un cuerpo colegiado, aunque precipitado al hablar (por la boca muere el pez), no afecta el acto conjunto que sigue siendo válido, salvo que fuere considerado extemporáneo por la Sala IV. Pero no quisiera pensar que esa misa Sala será juez y parte al resolver el caso de Cruz, por el conflicto potencial de intereses. ¿Les cobrarán el proyecto de ley para cercenarle poderes a la Sala IV? Creo que esto no va a morir así. La disconformidad con la invasión de la Sala en los otros poderes del Estado es generalizada, aun entre notables. Y se lo van a cobrar.