San José (Redacción). La Sala IV declaró inconstitucional una partida de ¢3.600 millones que el gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional del 2013 para distribuirla entre las municipalidades del país según lo determinaría un decreto del Ministerio de Hacienda.
Los magistrados comunicarón la decisión hoy, en el último día que tienen los diputados para votar en primer debate el presupuesto nacional del 2013.
Ante una consulta de diputados del PAC, el PUSC, el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, el Tribunal consideró que la forma en que se incluyó la partida, “para el fortalecimiento del régimen municipal”, viola el principio de especialidad presupuestaria.
Este principio obliga a los legisladores a señalar en forma concreta cuál es el destino de una partida presupuestaria, de manera que no la puede asignar de manera global ni general.
En el presupuesto, el gobierno alegó que los recursos serían invertidos en obras y servicios públicos municipales.
José Luis Araya, viceministro de Egresos, sostuvo esta tarde que, si la Sala IV objetó esta partida, el gobierno acatará y no la girará, pero en su criterio este pronunciamiento no impide que se vote el Presupuesto hoy.
Araya alegó que esta era una partida del Ministerio de Gobernación para apoyar a las municipalidades que ha sido incluida en otros años. Sin embargo, insistió en que, si ahora existe un cuestionamiento constitucional, el Ejecutivo será respetuoso.
Incluso, añadió, existe la posibilidad de ajustarse a lo que diga la Sala IV y replantear esta partida en un presupuesto extraordinario.
La consulta fue planteada por los diputados Carmen Granados, Carmen Muñoz Quesada, Claudio Monge y Jorge Gamboa Corrales, Víctor Hernández, Yolanda Acuña y Juan Carlos Mendoza, del PAC; José María Villalta Flores, del Frente Amplio; José Roberto Rodríguez Q y Walter Céspedes Salazar, del PUSC; y Marielos Alfaro y Mireya Zamora Alvarado, del Libertario.