El Gobierno aseguró que en seis meses traerá gas natural para generar electricidad más limpia, y mover la industria y el transporte del país a menor precio.
Ayer la presidenta de la República, Laura Chinchilla, y el ministro de Ambiente, René Castro, firmaron el decreto que declara de interés público “las actividades de importación, uso y distribución del gas natural licuado” (GNL).
El gas natural es de origen fósil, se encuentra atrapado en el subsuelo continental o marino y está compuesto en su mayoría por metano, pentano, propano o butano.
Aunque también puede obtenerse gas natural durante el proceso de extracción de petróleo, se considera un combustible mucho más limpio y menos contaminante.
Consumir gas natural reduce en un 30% las emanaciones de dióxido de carbono (CO2) y, además, es más barato, si se le compara con el petróleo. Castro dijo que un barril de petróleo se factura en $95, mientras que su equivalente en gas natural cuesta $25.
Pero esa apreciación no la comparten los voceros del Colegio de Geólogos de Costa Rica, pues estiman que importar GNL puede ser tan caro como traer petróleo. Entre otras cosas, porque “importar gas natural requiere la construcción de infraestructura de trasiego y de almacenamiento, que no es barata”, indica el Colegio en un artículo enviado a este medio.
Por eso, la presidenta del Colegio, Enid Gamboa, abogó porque se levante la moratoria a la exploración petrolera para que el país avance en la búsqueda de posibles yacimientos de gas natural.
Esta mañana, la presidenta Chinchilla se mostró abierta a que el país explore sus alternativas para generar energías más limpias.
Primeros consumidores. Desde mayo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dijo estar anuente a convertir a gas natural la planta térmica de Moín, que hoy trabaja con diésel (más caro que el gas).
La siguiente planta térmica en transformarse sería la de Garabito, pero cada una de esas conversiones costarían $20 millones.
Castro calculó que sustituir el diésel y el búnker de ambas plantas por GNL implicaría una reducción de más de 2 millones de toneladas de CO2 anuales y $35 millones menos en la factura petrolera.
Según afirmó el ministro, también se trabaja con 15 “grandes empresas” que estarían anuentes a pasar a gas sus modelos de producción. Entre ellas, Vicesa (Vidriera Centroamericana) y ArcelorMittal (laminadora).
Agregó que sigue buscando alternativas de financiamiento para los transportistas. Convertir un bus de diésel a gas cuesta $6.000 y un taxi, $1.000, estimó Castro.