San José (Redacción).La Sala Constitucional acogió una de las tres acciones de inconstitucionalidad que se han presentado contra la Ley de Delitos Informáticos, particularmente contra el artículo 288 de dicha legislación, publicada en La Gaceta el 7 de noviembre.
El recurso fue presentado por el periodista Randall Rivera. Las norma que se impugna sanciona con pena de cuatro a ocho años de prisión a aquellas personas que procuren u obtengan informaciones secretas políticas.
El Colegio de Periodistas, directores de medios, escritores y formadores de opinión se han manifestado en contra de esa medida al estimar que restringe el derecho de informar y ser informado.
El periodista que presentó el recurso señala que ese artículo limita la actividad de los periodistas y de los medios de comunicación colectiva en lo que se refiere a la facultad de denunciar actos de corrupción e irregularidades en las labores de políticos y funcionarios públicos.
Estima que “se atenta contra la labor investigativa de denuncia y procura de transparencia”.
La Defensoría de los Habitantes y un ciudadano particular también presentaron ante la Sala IV recursos contra esa legislación, los cuales aún están es espera de estudio por parte de los magistrados para determinar si se acogen o no.
Al admitir la acción, en los procesos en que se discuta la aplicación de ese artículo no se puede dictar resolución final mientras la Sala no se haya pronunciado al respecto.
Aclaran que la vigencia del resto de la normativa no se suspende, sino únicamente lo referido al artículo específicamente señalado.