El precio de la electricidad sube muy por encima de la inflación y hay fundados temores de racionamiento por falta de capacidad de generación. En los últimos seis años, la factura energética a cargo de los costarricenses aumentó 30,5% más que el costo de la vida en general, pero los ingresos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no alcanzan para garantizar el suministro mediante la inversión en nuevas plantas generadoras.
Cuando el ICE consiga completar las plantas de Reventazón y Diquís, la primera atrasada dos años y la segunda todavía enmarañada en los procesos de consulta con la población indígena, la producción tampoco será suficiente, seguirá dependiendo de los caprichos del clima y no bastará para sustituir la generación térmica basada en combustibles fósiles.
Además, en ese momento el país sabrá el verdadero costo de la energía producida por el ICE en las plantas donde la empresa estatal opera como firma constructora. La energía producida por la planta de Arenal es barata porque el cálculo de su costo se basa en los gastos de operación y algún rubro más. Las instalaciones están, desde hace años, amortizadas. La valoración de la energía producida por los nuevos proyectos deberá tomar en cuenta, además, la amortización de la inversión y la carga financiera.
Al final, los costos serán superiores al extremo mayor de la banda fijada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para la generación privada. El pronóstico no es aventurado y deriva del costo por kilovatio-hora en proyectos recién inaugurados por el ICE.
La nueva planta de Pirrís, concluida en once años en lugar de seis y al doble del costo previsto, producirá energía al son de $0,21 por kilovatio-hora. La banda fijada por la Aresep para las ofertas de los generadores privados oscila entre $0,08 y $0,12.
Como la producción no será suficiente para liberar al país de su dependencia de los derivados del petróleo, el faltante se cubrirá con generación térmica. Sin contar el daño al ambiente producto de la quema de 122 millones de litros de combustible fósil al año, solo en la nueva planta de Garabito, el país se verá obligado a pagar el costo de $0,46 por kilovatio hora, más del doble de Pirrís y casi cuatro veces el extremo mayor de la banda fijada para los generadores privados.
Esos costos se seguirán reflejando en la factura de hogares, industrias y comercios con más violencia, según crezca la demanda instatisfecha por la generación hidroeléctrica y geotérmica del ICE, la primera de ellas siempre expuesta al agravamiento de la escasez por efecto del régimen de lluvias.
Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE, afirma estar desplegando todos los esfuerzos necesarios para revitalizar la compra de energía a generadores privados después de 12 años de una parálisis cuya culpa, en su opinión, no puede ser achacada a la institución estatal.
El ICE abrió un concurso para comprar 140 megavatios a los generadores privados. Recibió ofertas por 360 y como solo adjudicará los 140 anunciados, la oferta de otros 220 megavatios, a precios muy competitivos y sin inversión de recursos públicos, no será aprovechada.
La mayor ironía es que la institución utiliza energía importada, generada por el sector privado en los vecinos países de Centroamérica. Preferimos, pues, crear los puestos de trabajo allende nuestras fronteras y estimular allí la inversión con tal de no levantarles barreras a los empresarios nacionales.
El propio ICE enfrenta barreras legales para explotar la enorme riqueza de nuestro subsuelo, donde la institución calcula existencias de unos 1.000 megavatios de energía geotérmica limpia y autóctona, explotables a corto plazo, con independencia del régimen de lluvias.
Las soluciones exigen reformas legales que el Congreso tiene empantanadas desde hace años. Corresponde al Gobierno explicarle al país de dónde sale el impulso a los precios locales y cuál es el costo, para la población, de mantener el statu quo.