El 14 de setiembre del 2010, Ernesto Jinesta Lobo celebró su reelección a la Sala Constitucional. Tuvo 30 votos a favor y 20 en contra. Estos últimos salieron de las bancadas del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión. Ninguno de ellos se reservó los motivos del rechazo. Recriminaron explícitamente el contenido de los fallos suscritos por el magistrado.
Según Manrique Oviedo, diputado del PAC, su fracción no había olvidado la sentencia a favor de la reelección presidencial. A otros les disgustaron las opiniones de Jinesta en el fallo sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, y no faltaron quienes le cobraron el voto en el caso de la minería en Crucitas.
Pasados dos años, los mismos diputados se rasgan las vestiduras por la no reelección del magistrado Fernando Cruz. Se muestran indignados por la ofensa a la independencia del Poder Judicial y parecen dispuestos a sostener que la reelección no puede depender del contenido de los sentencias, sino únicamente de la probidad y diligencia en el ejercicio del cargo.
Las razones esgrimidas por Liberación Nacional para rehusar reelegir al magistrado Cruz son idénticas a las empleadas hace dos años contra Jinesta por las fracciones que hoy se declaran ofendidas. El PLN no las expresó con el mismo candor, pero el jefe de fracción, Fabio Molina, descarta motivos de probidad y diligencia. Declara, por otra parte, la intención de enviar un “mensaje” a la Corte Suprema de Justicia y la necesidad de renovar la Sala IV.
Los votos de Cruz en los casos de Crucitas y el TLC, entre otros, no complacen a los liberacionistas. Llegó al PLN el turno de imitar actuaciones pasadas de las bancadas opositoras, con la sola diferencia de que logró reunir los 38 votos necesarios. Al PAC y a sus aliados ahora les toca reaccionar con indignación e invocar la santidad de los principios institucionales.
El juego no es nuevo. El 26 de febrero del 2009, un titular de este diario rezaba: “Diputados del PAC niegan apoyo a magistrada por fallos de Sala IV”. Ana Virginia Calzada se mantuvo en el cargo, pese a los votos emitidos en su contra para castigar sus opiniones sobre la reelección presidencial y el TLC. Alberto Salom y su compañera en la bancada del PAC, Leda Zamora, fueron explícitos al describir los motivos del rechazo.
Hoy, cuando los liberacionistas argumentan la necesidad de renovar la Sala IV para justificar la no reelección del magistrado Cruz, parecen haberse inspirado en el libreto escrito por el PAC en el 2009. “Nosotros no estamos de acuerdo con esta reelección. Estamos por la renovación de la Sala, debe ser remozada”, dijo Salom. Zamora pidió ponerle fin a las magistraturas “vitalicias” y propuso rebajar de ocho a seis años el plazo de los nombramientos, además de limitar la reelección a un solo periodo.
La estabilidad e independencia de los jueces no parecía en ese momento tan importante salvo, desde luego, para los liberacionistas, a quienes les tocaba desempeñar el papel de defensores de esos caros principios. Francisco Antonio Pacheco, presidente de la Asamblea Legislativa, expresó la tesis de su partido: A diferencia de la alternabilidad necesaria en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial necesita estabilidad, explicó. Con un dejo de ironía, agradeció a los diputados del PAC “su franqueza” al confesar las razones ideológicas y políticas del rechazo a la magistrada.
El 26 de setiembre del 2005, 32 legisladores se opusieron a la reelección del magistrado Luis Fernando Solano, y otros 18, a la del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora. Legisladores del PAC, entre otros partidos de oposición, confirmaron el deseo de pasarle a Solano la factura por su voto a favor de la reelección presidencial.
En ese caso Mora votó en contra, pero le cobraron otros fallos y la destitución de Olga Nidia Fallas, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, así como el nombramiento, en su lugar, de Eugenia Zamora, quien, según el diputado Rodrigo Alberto Carazo, del PAC, fue colaboradora cercana del expresidente Óscar Arias, entonces aspirante a la reelección.
Nuestra Constitución Política, como muchas otras en el mundo democrático, se pronuncia por la estabilidad e independencia de la judicatura. Prevé la posibilidad de no reelegir a los magistrados, pero esa facultad no puede ser ejercida como voto de censura al contenido de sus fallos sin menoscabar la independencia del Poder Judicial. La no reelección debe fundarse en motivos de probidad y eficiencia.
Lástima que principios tan fundamentales del Estado democrático sean defendidos, de cuando en cuando, por uno u otro partido según convenga a sus intereses, sin compromiso alguno con la institucionalidad o, siquiera, la coherencia.