Cuatro miembros de la Junta Directiva del Conavi declararon ayer en el Congreso que las obras ligadas a la construcción de la trocha 1856 se iniciaron sin que ellos lo supieran o lo aprobaran.
Así lo afirmó Mario Quesada, directivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ante la Comisión de Control de Gasto Público. Encomendado por sus compañeros, él se encargó de hacer una declaración inicial.
Según Quesada, ellos supieron de las inversiones que el Conavi realizaba en la zona fronteriza, a causa del conflicto con Nicaragua por isla Calero, en marzo del 2011.
De diciembre del 2010 a esa fecha, apuntó, ya se habían gastado unos ¢6.000 millones, aunque eso lo conocieron a inicios de este año.
“Aquí el Consejo de Administración no tuvo conocimiento prácticamente de nada, ni menos lo aprobó”, dijo el directivo, quien agregó que el exdirector del Conavi, Carlos Acosta, les habló de una petición del ministro de Seguridad (José María Tijerino, en ese momento).
Sin embargo, dijo Quesada, no se les habló de una gran inversión y escucharon esa petición sin autorizar gasto alguno.
“No fue que nos pasó por el frente y no lo vimos, nos lo pasaron por detrás”, declaró el directivo.
En setiembre del 2011, continuó, Acosta les pidió aprobar un total de ¢1.500 millones para el proyecto, “según un pedido expreso de la señora presidenta”, y al mes siguiente se dieron cuenta de que la obra era considerable.
Un directivo consiguió un informe interno, según el cual el proyecto ascendía a ¢3.300 millones y disponía de 19 constructoras. “No se nos mencionan los ¢6.000 millones entre diciembre del 2010 y marzo del 2011 (...). Empezamos a preguntar qué está pasando”, continuó.
En diciembre del 2011, la exviceministra de Obras Públicas, María Lorena López, le comentó a la Junta que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) tenía un plan de inversiones para el proyecto, el cual incluía ¢16.000 millones del Conavi.
Según el directivo, Acosta les dijo que el Conavi iba a poner ¢2.000 millones y que el resto provendría de Seguridad Pública. Pero en febrero de este año recibieron un informe presupuestario del Conavi, según el cual se habían invertido ¢14.500 millones y se debían ¢6.800 millones, cifra que luego superó los ¢9.000 millones.
En ese momento se percataron de que se habían gastado otros ¢6.000 millones en la primera etapa y de que la obra comprendía 436 kilómetros en rutas alternas y 160 kilómetros de ruta principal.
No recibieron recursos de la CNE, por lo que detuvieron los pagos a las constructoras en espera de un reintegro en favor del Conavi, pues sostienen que el proyecto es de la Comisión de Emergencias.
“Producto de nuestra paralización total de la obra, a la siguiente sesión nos visita el vicepresidente de la República, don Luis Liberman”, añadió Quesada.
Según el directivo, le hicieron ver al vicepresidente que se requerían fondos; él les pidió hacer un sacrificio por ser una emergencia, dijo que buscaría recursos y que coordinaría con la presidenta.
Ante la pregunta de un diputado, Quesada dijo que el vicepresidente no llegó a presionar y que la Sala IV ha dicho que en emergencias se permiten procesos ágiles.
Después la situación se complicó , pues empezaron a llegar acreedores al Conavi, y el exministro de Obras Públicas, Francisco Jiménez, denunció un supuesto pago de dádivas a funcionarios del Conavi.
Convocan a jerarca. El directivo añadió que el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, participó en una reunión de coordinación entre el Conavi y la CNE por el tema. Ayer, ante una moción de la diputada libertaria Patricia Pérez, se acordó llamarlo a comparecer.
Benavides dijo que asistirá gustosamente a esa y a cualquier otra comisión legislativa. Adelantó que la reunión mencionada fue una sesión normal de trabajo, muy reciente, que él ni siquiera presidió.
“Cualquier alusión genera reacciones, todo está bien documentado”, dijo el jerarca, que lamentó que se ponga a figuras políticas en tela de juicio por el solo hecho de serlo.
Ante consultas de diputados, Quesada, Krysbell Ríos, Enrique Angulo y Freddy Carvajal dijeron que no deben renunciar porque no han tenido responsabilidad, y pidieron a la Auditoría investigar.