El pasado 15 de noviembre recibí, con asombro, la noticia de la arbitraria destitución del magistrado costarricense más notable de los últimos tiempos, el doctor y profesor Fernando Cruz Castro, ejemplo de probidad, independencia y excelencia profesional. Destitución disfrazada de “no reelección” por parte de 38 personas que figuran en la planilla de la Asamblea Legislativa. Pero con estupor he leído las palabras de una de estas, Fabio Molina, quien sin verguenza alguna reiteró que el hecho “es ‘una llamada de atención’ a la Corte Suprema” (LaNación, 17/11/2012). Los mensajes son más que claros: el magistrado o la magistrada que no se subordine al dictado de los políticos no será reelegido, porque los procesos –solo formalmente judiciales– se decidirán desde las curules.
Si cobrar la independencia de un juez pagándose con su destitución es muy grave, pregonarlo con desfachatez solo nos confirma el atentado a la República, porque, según el deseo de Molina y sus 37 seguidores, las causas judiciales se resolverán por “los contactos” con políticos influyentes y no con los argumentos legales que se puedan exponer ante los jueces.
Y, como si eso resultara insuficiente, Víctor Ramírez en su comentario titulado “Sobre un siniestro episodio”(LaNación, 17/11/2012) nos notifica el redireccionamiento al caudillismo democrático: “Todos sabemos que esos diputados [los que votaron contra el Magistrado Cruz] no son más que marionetas movidas por los hilos finos, aparentemente invisibles, de oscuros designios que buscan, con esta malévola jugada, abrirle el paso a la impunidad de autoridades superiores”.
De acuerdo con Volpi (El insomnio de Bolívar, p. 113), bajo esta dinámica política, el caudillo está por encima de cualquier poder formal, de modo que “Comprados o diezmados, jueces y legisladores extravían sus facultades, se supeditan a los deseos del caudillo y se transforman en comparsas”. Si la premisa de Ramírez es cierta, los 38 empleados de las autoridades superiores se pretenden titiriteros de jueces convertidos en marionetas. Con ello la separación de los poderes constitucionales se quebraría, porque pesa sobre los jueces la amenaza de destitución si no resuelven como dicten políticos y caudillos.
Confío en que, lejos de marionetas, los jueces –que juramos cumplir fielmente la Constitución y las leyes– actuaremos como fieras en defensa del Estado de derecho y no permitiremos el secuestro de la justicia por parte de 38 servidores de caudillos.
La destitución del Mag. Fernando Cruz debe revertirse para salvar a la República. La democracia se defiende a cualquier costo.
Sería interesante conocer el nombre de la persona que pretenden imponer en sustitución de don Fernando. Este sería el comparsero número 39.