San José (Redacción). Cuatro miembros de la junta directiva del Conavi afirmaron esta mañana en el Congreso que las obras de la trocha 1856 se iniciaron sin que ellos lo supieran o lo aprobaran.
Así lo afirmó el directivo Mario Quesada, representante del MOPT en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encomendado por sus compañeros de hacer la declaración inicial ante la Comisión de Control de Gasto Público.
Según Quesada, ellos tuvieron el primer conocimiento de las inversiones en marzo del 2011, aunque desde diciembre del 2010 hasta esa fecha ya se habían invertido unos 6.000 millones de colones.
El directivo también recordó que en una ocasión el exdirector ejecutivo del Conavi, Carlos Acosta, les dijo que había una petición del ministro de Seguridad para apoyar el proyecto, pero no se tomó ningún acuerdo.
Quesada dijo que el asunto no les pasó por el frente, sino que se los pasaron "por detrás".
"Si se nos hubiera dicho, reaccionamos de inmediato", continuó el funcionario, quien sostuvo que sí se pueden hacer contrataciones de maquinaria expeditas para casos de emergencia según lo ha dicho la Sala IV.
El directivo agregó que posteriormente Acosta les solicitó aprobar 1.500 millones de colones para posibles intervenciones en las rutas de acceso a isla Calero según un pedido expreso de la Presidenta.
En setiembre del 2011, la junta aprobó un primer desembolso confiada en que los recursos serían reintegrados. El proyecto no era del Conavi, era de la Comisión de Emergencias, adujo Quesada.
A principios de este año, al ver la gran cantidad de recursos comprometidos en el proyecto, los durectivos ordenaron suspender los pagos en marzo y pidieron a la Auditoría hacer un estudio del caso.
Quesada recordó que recibieron la visita del vicepresidente Luis Liberman para conversar sobre la necesidad de gestionar recursos para el proyecto.
El vicepresidente no llegó a presionar, respondió el directivo ante la pregunta de un diputado.
Los directivos afirmaron que ellos nunca recibieron denuncia alguna sobre hechos del proyecto.
La primera denuncia que conocieron fue la que hizo el exministro de Obras Públicas, Francisco Jimenez, tras conversar del tema con la propia presidenta Laura Chinchilla a finales de abril.
Ante consultas de los diputados, los directivos dijeron que no tienen por qué renunciar, puesto que no han tenido responsabilidad en el caso.
El diputado Manrique Oviedo, del PAC, les dijo que estuvieron "pintados en la pared" y les preguntó por qué no dimitían.