La discusión en torno al tema de las drogas consideramos se ha abordado incorrectamente. Se ha tratado de barajar únicamente dos posibles opciones casi extremas: la represión absoluta o la liberalización irrestricta.
El debate que en otros países existe en torno a despenalizar el consumo de drogas no constituye un tema ya de discusión en Costa Rica. En nuestro país, desde hace ya varias décadas, el consumo no se encuentra penalizado. La persona que consume drogas no es sujeto de imputación penal, como tal, lo que se reprime en Costa Rica es la posesión o tenencia de esas drogas o sustancias para el tráfico, lo que significa que, de conformidad con el artículo 58 de la ley de psicotrópicos No. 8204, la posesión sería con fines o para distribución, comercialización, suministro, producción, transporte, almacenamiento o venta, entre otros, nunca para el consumo.
El tema de la despenalización del consumo, que es objeto de debate actualmente, viene confundido por algunas personas con la legalización del narcotráfico.
Hecha esta precisión previa, debe reconocerse el resultado insatisfactorio de la política de represión absoluta con que se abordó esta problemática a partir de la década de los 70 del siglo XX, en el tanto no se vislumbra una erradicación, por la fuerza, del narcotráfico.
Ahora bien, considerar que la migración hacia el otro extremo del espectro, despenalización del tráfico, constituye la solución “blindada” al problema del enriquecimiento corruptor de los carteles de la droga y a la violencia que sus operaciones generan, es un planteamiento simplista e incorrecto que no considera la enorme cantidad de consecuencias nefastas que su aplicación causaría:
1. La demanda de drogas no se va a afectar por las variaciones en el precio; más aún, tratándose de sustancias adictivas, su disponibilidad en un mercado libre de prohibiciones va a generar necesariamente un incremento en la prevalencia de consumo en la población.
2. El incremento en el consumo de sustancias que resultan nocivas para la salud traerá aparejado un crecimiento exponencial de los gastos asistenciales en materia de salud, muy superior a los presupuestos que dedican nuestros países a la represión del narcotráfico. Un argumento falaz a favor de la legalización consiste en que el Estado se va a ahorrar los gastos destinados a perseguir el narcotráfico, cuando en realidad gastará más atendiendo el problema de los adictos.
3. La presión sobre un sistema de tratamiento que pueda mantener “contenida” la enfermedad de los adictos es otro problema que no se cuantifica. La adicción es un problema de salud pública mientras se mantiene bajo tratamiento médico. Cuando el adicto no es atendido, el síndrome de abstinencia lo obliga a conseguir más y mayores dosis del estupefaciente, para lo cual acude a cualquier recurso (robar, prostituirse, agredir y hasta matar). La adicción en este caso se convierte en un típico problema de seguridad ciudadana.
En Costa Rica, con prevalencias menores al 1% de consumo de drogas ilícitas en la población, ya la capacidad pública instalada para tratar las adicciones está sobradamente excedida, tanto que la mayor parte de la atención se ha dejado en manos de ONG. Un eventual ahorro en los gastos de represión del narcotráfico sería ilusorio ante un aumento en la prevalencia que obligue a enfrentar una ola incontenible de delitos contra la propiedad y contra la vida generados por adictos sin tratamiento.
4. La legalización del tráfico de drogas no va a quebrar el negocio de los narcocarteles, simplemente les va a convertir en empresarios exitosos. Vista la infraestructura desarrollada para el narcotráfico, se seguirán enriqueciendo con su “giro” comercial, ahora legítimo y migrarán a otras formas de tráfico ilícitos, en las que de por sí ya han incursionado.
Así las cosas, el abordaje sincero y realista de cualquier tipo de despenalización del narcotráfico debe considerar que esa vía no es ninguna “panacea” y que su aplicación, en mayor o menor medida, va a conllevar costos cuyas consecuencias cuantitativas y cualitativas no están todavía debidamente identificadas.
No obstante, decidido el abordaje del tema, deben considerarse algunos conceptos fundamentales ineludibles:
1. La discusión no se debe centrar en la escogencia de uno u otro extremo del tema. La liberalización absoluta no es viable por sus consecuencias, pero tampoco la represión absoluta parece rendir resultados satisfactorios.
2. Cualquier acción de despenalización del tráfico, solo puede ser adoptada por iniciativa global (todos los países al mismo tiempo), toda vez que proceder nacional o regionalmente solo crearía “paraísos para el cultivo, consumo, exportación y reexportación de droga a mercados penalizados.
3. En cualquier alternativa que se defina, no puede abandonarse la labor de prevención del consumo al largo plazo, ni ignorar la necesidad de una política pública dirigida a la atención de la adicción como medida preventiva de problemas de seguridad ciudadana.
Consideramos que la discusión en que Costa Rica debería participar, es aquella en la que se valoren las acciones represivas de enfrentamiento de la delincuencia organizada transnacional que hasta la fecha se han desarrollado a nivel internacional, las cuales consideramos no satisfactorias.
Costa Rica ha venido trabajando con una visión y abordaje vanguardista de este delicado tema, en el que priman tres ideas fundamentales: tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública; reducir el consumo mediante acciones de información y prevención; por último, focalizar la represión al crimen organizado en la desarticulación de las organizaciones locales e internacionales golpeándolas en su médula, que es el aspecto financiero.
Consideramos que en ninguna circunstancia deberíamos entrar a considerar la posible despenalización del tráfico, sin que esto venga aunado a una cierta valoración del daño que tal medida pudiera acarrear.
Mauricio Boraschi Hernández Comisionado Nacional Antidrogas
Carlos Alvarado Valverde Viceministro, director general Instituto Costarricense sobre Drogas