En este momento la Sala Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de manifestarse a favor de las comunidades que, por años, se han visto afectadas tras el crecimiento de los monocultivos. Puede apoyar a los sectores menos favorecidos de la sociedad y negarse a los intereses meramente económicos que trasgreden, incluso, aquellos derechos inherentes a la condición de seres humanos. Los señores y señoras magistrados/as pueden colocar la vida por encima del comercio.
La expansión del monocultivo de la piña por el territorio nacional, es sinónimo de dinero para los productores. Actualmente, Costa Rica es el principal exportador de esta fruta a nivel mundial. Según las estadísticas de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep), entre el 2001 y el 2011 hay una diferencia de $577,25 millones más, generados por esta actividad. Esto ha repercutido en el aumento descontrolado de hectáreas dedicadas a este cultivo.
Entre 45.000 a 70.000 hectáreas podrían estar sembradas de piña, pero a ciencia cierta nadie puede dar un dato seguro del número de hectáreas.
Esto evidencia la falta de planificación estatal que repercute en una gran cantidad de conflictos socio-ambientales generados por esta actividad.
En relación con la piña hay mucha más tela que cortar: también se puede hablar de contratación de trabajadores a quienes se les violentan sus derechos, se puede constatar la contaminación de las fuentes de agua que abastecen a comunidades enteras, deforestación, uso indiscriminado de agroquímicos, violaciones al derecho ambiental, afectaciones a la salud, al ganado, entre otros.
La lista de problemas que ha ocasionado esta expansión acelerada es enorme.
Frente a esas dos realidades se debate la Sala Constitucional. Hace aproximadamente 4 meses, Canapep interpuso un recurso de amparo contra una decisión de la Municipalidad de Guácimo. En esta comunidad, la organización y la lucha constante de sus habitantes se tradujeron en la acertada decisión de declarar una moratoria al monocultivo en las zonas altas donde se da la recarga acuífera que abastece el cantón.
Entre los argumentos de la Municipalidad para fundar su decisión destacan la falta de certeza sobre el efecto de los agroquímicos en la salud humana y el riesgo de contaminar el agua. El municipio está velando ni más ni menos que por la salud de sus habitantes y, en consecuencia, por su vida.
En el recurso, los piñeros alegan la violación a la libertad de empresa y afirman que “(...) el acto recurrido viola un contenido esencial de la libertad de empresa, en cuanto impide que una actividad agrícola lícita, como es el cultivo de la piña, pueda realizarse o extenderse en el cantón de Guácimo, sujeta únicamente a los intereses empresariales de los productores”.
En relación con este recurso, se han presentado dos coadyuvancias pasivas, la primera de ellas por José María Villalta, en calidad de diputado de la Asamblea Legislativa. Dentro de sus argumentos destaca: “No solo es viable, sino justo y necesario limitar el ejercicio de la libertad de comercio con fines (sic) protección ambiental, puesto que el derecho a un ambiente sano deriva directamente del derecho a la vida y a la salud, y sin estos derechos plenamente garantizados no es posible realizar ninguna otra actividad humana”.
La segunda coadyuvancia fue presentada por la Universidad de Costa Rica, a través del Consultorio Jurídico Ambiental de la Facultad de Derecho y el Programa Kioscos Socio-ambientales.
En ella se afirma que: “La Sala Constitucional ha sostenido que efectivamente el Estado tiene la potestad para dictar disposiciones que vengan a restringir de manera razonable el ejercicio de los derechos fundamentales.
”El ejercicio de este tipo de derechos, como la libertad de comercio, no es irrestricto y deben limitarse por razones de bienestar social cuando se encuentran de por medio derechos o intereses de la colectividad, como la salud pública y el orden público”.
Una vez que están todos los argumentos sobre la mesa, la Sala Constitucional debe elegir cuáles son los que resultan más armónicos con nuestra Constitución Política y los tratados internacionales que nos rigen, para tomar su decisión.
Sofía Barquero. Estudiante de Derecho UCR y TCU de Kioscos Socio-ambientales