La Contraloría General de la República denunció penalmente al exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y fraude de ley en la construcción de la trocha fronteriza.
Así lo confirmó ayer la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por medio de la oficina de prensa del Ministerio Público.
La denuncia, que también incluye a un empresario de apellido Castro, fue remitida el 12 de octubre al Ministerio Público.
Anoche, a las 7:56 p.m., Jiménez habló con este medio y se mostró sorprendido. “No conocía que la Contraloría hubiese presentado ninguna denuncia en mi contra. Igual que lo he dicho siempre, estoy con la conciencia tranquila de que no he cometido ningún acto irregular. Voy a indagar porque no sabía y junto con mi abogado tomaré las acciones que correspondan”, manifestó el exministro.
La Fiscalía incorporó el caso a la investigación judicial que tiene abierta desde principios de mayo sobre presuntas irregularidades en el camino fronterizo que ha costado más de ¢20.000 millones.
Ese expediente nació a raíz de que el propio exministro denunció una supuesta recepción de dádivas por parte de dos funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), encargados de la trocha, de parte de empresas contratadas para la obra.
Jiménez presentó la denuncia la mañana del 4 de mayo por instrucciones de la presidenta Laura Chinchilla y, horas después de hacerlo, la mandataria anunció su separación del cargo .
Evalúan daño. Ayer en la mañana, durante una comparecencia ante la Comisión de Control de Gasto Público, la contralora Marta Acosta informó de que enviaron una denuncia penal al Ministerio Público sobre la trocha, pero evitó revelar detalles o nombres.
Acosta dijo que reportaron a la Fiscalía hechos encontrados durante una investigación sobre la aplicación o inaplicación de los sistemas de control por parte del Conavi en la construcción de la trocha, así como sus mecanismos de contratación de empresas.
Consultado sobre si los hechos denunciados en octubre son similares a los que el Ministerio Público ya tenía bajo la lupa, Allan Ugalde, gerente del Á rea de Infraestructura de la Contraloría, dijo que “son complementarios”.
“Lo que se hizo fue una investigación de lo que consideramos son los actores que pudieron haber tenido algún grado de injerencia, indistintamente del cargo que tuvieran”, declaró Ugalde, quien añadió que evaluaron tanto acciones como omisiones.
Ahora, dijo Acosta, preparan una segunda investigación que busca sentar responsabilidades por daño patrimonial al Estado.
“La Contraloría, como se apersonó al Ministerio Público, ahora tiene mayor acceso a la información y estamos iniciando una investigación para determinar eventuales responsabilidades de carácter civil o patrimonial contra los funcionarios, exfuncionarios y contra las empresas contratadas, eventualmente”, dijo Acosta.
Además, en dos semanas la Contraloría decidirá si abre un procedimiento disciplinario contra funcionarios involucrados en la obra, proceso podría derivar en la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Ayer, ante una consulta de la diputadas de Liberación Nacional, Carolina Delgado, sobre la responsabilidad de las auditorías internas, Acosta señaló : “El primer responsable por verificar la calidad del gasto en su institución es el jerarca. Muchas veces tendemos a olvidarnos de ese tema y pensar que el auditor interno tuvo que decir (...), eso está muy bien, pero el jerarca es el primer responsable”.