La caída en la confianza de los costarricenses hacia el Gobierno de Laura Chinchilla se frenó después de siete descensos consecutivos en sondeos anteriores.
El índice de confianza en el gobierno (ICG) registró en octubre una leve disminución, la cual es poco significativa en comparación con las ocurridas en ocasiones anteriores.
En escala de 0 a 5, este indicador se redujo de 0,86 a 0,81 entre julio y octubre, con lo cual se mantiene en el nivel más bajo.
A principios de esta administración, en cambio, el índice estaba ubicado en la mitad de la escala: en 2,41.
El ICG es un indicador elaborado por la empresa Unimer para evaluar la confianza del público en la Administración, con base en las opiniones sobre cinco factores ligados a su desempeño.
Los cinco factores son las percepciones sobre la labor del gabinete, la corrupción de los funcionarios públicos, la eficiencia en el gasto público, la capacidad para resolver problemas y la impresión sobre a quiénes beneficia el Gobierno con sus acciones.
Desde que Unimer empezó a incluir el índice de confianza en los estudios de opinión elaborados para La Nación, en enero del 2003, este indicador nunca había estado tan bajo como en este periodo de la administración de la presidenta Laura Chinchilla.
Durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), el índice alcanzó su punto más bajo cuando se ubicó en 1,53 y en el periodo de Óscar Arias (2006-2010) cayó hasta 1,75.
Menos ven corrupción. Si bien en esta ocasión tres de los factores que componen el índice registraron un deterioro con respecto a julio, el descenso del indicador no fue tan fuerte como en la encuesta de julio (cuando cayó de 1,03 a 0,86).
Una leve mejoría en la percepción sobre la corrupción frenó el descenso.
Entre julio y octubre, el grupo de ciudadanos que considera que la Administración es corrupta o muy corrupta se redujo de un 75% a un 68%, luego de que este segmento había crecido considerablemente entre abril y julio al calor de las denuncias sobre supuestas anomalías en la construcción de la trocha fronteriza.
Ese caso lo denunció , en mayo, la propia presidenta de la República, Laura Chinchilla.
En la encuesta anterior, la percepción de corrupción subió de un 60% a un 75%.
Ahora, esa percepción bajó sobre todo entre las mujeres, las personas mayores de 50 años y los ciudadanos del estrato económico bajo y que solo cursaron educación primaria.
Por regiones del país, la sensación de que el Gobierno es corrupto es mucho más baja entre los habitantes de las zonas rurales que entre los de las urbanas.
En cuanto a la labor del gabinete, las opiniones no empeoraron mucho. Las percepciones negativas subieron un punto porcentual (de 64% a 65%) y las positivas se mantuvieron igual (7%).
Tres factores empeoran. Por otra parte, entre julio y octubre, empeoraron las percepciones públicas sobre el manejo del gasto público, la resolución de problemas y “para quién se gobierna”.
En esos tres casos, los grupos con percepciones negativas aumentaron en siete puntos porcentuales cada uno.
En cuanto al gasto, subió de un 42% a un 49% el porcentaje de ciudadanos que creen que la Administración es muy ineficiente en el empleo de los recursos.
Sobre la resolución de los problemas, se incrementó de un 32% a un 39% el grupo que cree que, en definitiva, este Gobierno no sabe cómo resolverlos.
Por último, también aumentó en siete puntos porcentuales (de un 82% a un 89%) el segmento que considera que la administración Chinchilla gobierna pensando en algunos sectores y no en todos los ciudadanos.