Cuando se analiza el funcionamiento del Estado costarricense, se llega a la conclusión de que uno de los principales problemas es el de gestión. Hay una mala administración en el sector público. Aunque existan funcionarios públicos con ganas de hacer bien las cosas, existen muchos otros que no aportan gran cosa, y otros que más bien estorban. Por eso, la semana pasada concluí diciendo que un elemento fundamental para desatascar la carreta consiste en la implementación de una nueva Ley de Empleo Público.
Desde el punto de vista económico, el problema es de incentivos. El esquema de compensación y beneficios que tienen los empleados públicos no va de la mano con las responsabilidades y capacidades que demandan sus funciones. A veces es poca la paga y mucha la responsabilidad, como el riesgo de salir en la portada de un periódico, o ir a la cárcel, si se comete un error. Otras veces la responsabilidad es poca, pero los beneficios son muchos. Entre estos últimos se pueden mencionar salarios altos y, además, con aumentos anuales automáticos, pago por disponibilidades y carrera profesional sin que sea necesario, vacaciones largas, tope de cesantía de hasta 20 años y, encima de todo, poca probabilidad de ser despedido, aunque se haya cometido el peor delito.
Como consecuencia, se da una gran disparidad de salarios en el sector público, la cual no va de acuerdo con capacidades, sino con otros aspectos. Por ejemplo, dos funcionarios con la misma preparación académica, pero uno con 25 años de laborar y otro con solo 5, el primero puede ganar hasta el doble que el segundo. También se puede dar el caso de dos personas haciendo el mismo trabajo, pero como una de ellas tiene un título profesional gana más que la otra, aunque el título no le sirva para nada en sus funciones. Eso provoca que, en unos casos se paguen salarios más altos de lo que se requiere para ejercer la función pública, y en otros que no se pueda contratar a la persona ideal para el trabajo.
¿Como hemos llegado a esto? Mediante la aprobación de múltiples convenciones colectivas. El problema aquí es que unos funcionarios públicos demandan más privilegios, y son otros funcionarios públicos quienes tienen que negociar con ellos y aprobarles esos privilegios. Con el agravante de que los que aprueban salen, a la larga, beneficiados también.
¿Cómo se puede empezar a solucionar ese entuerto? Hay que hacer una nueva Ley de Empleo Publico, en la que queden bien definidos los principios básicos de lo que es empleo público.
Entender que no es lo mismo la relación de un empleado privado con un patrono, en la que este lleva la ventaja, que la relación de un empleado público con su patrono, el Estado.
En ese sentido hay que volver al principio de que el funcionario público está para servir, y no para servirse a sí mismo.