La Fiscalía culpó ayer al expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez de no frenar en diciembre del 2000 un plan de pago de dádivas a funcionarios públicos para que aprobaran una licitación de 400.000 líneas de telefonía celular a la empresa Alcatel Cit.
Apelación de la sentencia ICE-Alcatel
Apelación de la sentencia ICE-Alcatel
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El reproche lo hizo público el fiscal José Alberto Rojas Chacón durante la audiencia en que se analizó la apelación a la sentencia del caso ICE-Alcatel, efectuada en los Tribunales de Goicoechea.
Según el fiscal, Rodríguez pudo oponerse cuando José Antonio Lobo Solera, exdirectivo del ICE, le hizo la propuesta.
“Miguel Ángel debió haber evitado que esto se llevara a cabo. Miguel Ángel debió haber coordinado la intervención del ICE y debió haber puesto en conocimiento del Ministerio Público lo que estaba pasando, y no avalar este hecho. Por esta razón es más reprochable desde el punto de vista de bien jurídico su participación”, afirmó.
En criterio del representante del ente acusador del Estado, por esa posición es que el Tribunal de Juicio de Hacienda lo condenó a cinco años de prisión por instigación en el delito de corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio.
El abogado Rafael Gairaud, defensor del expresidente, dijo: “La Fiscalía parte de una falacia, porque parte de la convicción de que el hecho es verdadero. Nosotros sostenemos que no pudo haber ninguna reacción de don Miguel Ángel Rodríguez porque nunca conoció de las propuestas de corrupción que había recibido el señor Lobo”.
Agregó que esa es la esencia de este proceso: “Si don Miguel Ángel conocía o no conocía. La Fiscalía tiene la tesis de que, supuestamente, conocía, basada en la declaración de un multicriminal impune. Lo dijo hoy (ayer) la propia Fiscalía. Lobo cometió un montón de delitos, confesó y nunca fue juzgado por ninguno. Miguel Ángel ha declarado que los hechos que el señor Lobo narra son totalmente falsos”.
Otros hechos. Además de la exposición de la Fiscalía, durante la audiencia de ayer la Procuraduría de la Ética Pública pidió que se acepte la demanda por daño social causado por los actos de corrupción que se cometieron en este caso.
El procurador, Gílbert Calderón, dijo que la ley establece que debe resolverse en la vía penal y no enviar el caso a la vía civil, como lo indicó en el fallo de primera instancia el Tribunal Penal de Hacienda.
Luego, el Tribunal de Apelaciones escuchó a los siete imputados y a las 6:30 p. m. el juez Alfredo Chirino anunció que se cerraba la vista de apelación. Dijo que se tomarán un tiempo prudencial para resolver las impugnaciones.