Danelia Arguello, de 20 años, terminó el martes las pruebas de bachillerato con la seguridad de que ganó todas las materias.
Si hubiera nacido en Curridabat o Escazú, la joven quizás tendría adelantados los planes sobre sus estudios universitarios.
Sin embargo, esta alumna del Liceo Rural de Coquital, vecina de Los Chiles, ve su formación profesional tan distante de su vida como lo está la capital respecto a su pueblo fronterizo de Delicias.
Su padre labora como peón en una plantación de naranjas, por lo que los ingresos económicos en su familia son muy limitados.
“Difícilmente el salario le alcanzaría a papá para pagarme los estudios superiores. Por eso, cualquier plan de estudios choca contra el duro muro de nuestra realidad económica”, expresó Danelia.
“El bachillerato me abre la oportunidad de una carrera, pero, en esta zona tan distante y pobre, terminar la secundaria no garantiza nada”, agregó.
Las brechas que percibe Danelia en su vida no solo son reales, sino también medibles, y quedaron plasmadas en el decimoctavo informe Estado de la Nación, presentado el martes en la noche.
El estudio reveló que persisten grandes diferencias en el acceso a la educación entre los pobladores de la Gran Área Metropolitana y los de las costas y fronteras.
En algunos cantones como Escazú, Curridabat, Montes de Oca y San Pablo, por ejemplo, cuatro o más de cada diez habitantes tienen estudios universitarios, mientras que, en las zonas costeras del Caribe y los cantones fronterizos del norte, solo una de cada diez personas tuvo esa oportunidad.
Además, la escolaridad promedio de la población tiene variaciones importantes según el sector en el que se viva: en las regiones Huetar Norte y Atlántica ronda los siete años, mientras que en la Central es de casi 9,5 años.
Según la investigadora Natalia Morales, la Región Central concentra los mejores servicios, mientras que los cantones fronterizos y costeros todavía tienen acceso limitado a servicios como educación.
“Hay un tema de cobertura porque todavía hay zonas donde ni siquiera hay colegios, pero también está la calidad. ¿Cómo nivelar las condiciones para esta población?”, dijo Morales.
Hecho y por hacer. El ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier, reconoció que en Costa Rica persisten brechas entre la educación urbana y la rural.
“Es un problema real: la dispersión rural hace mucho más difícil contar con servicios educativos masivos que permitan contar con una oferta tan completa”, explicó el ministro.
“También existe un problema cultural: muchas familias todavía consideran que el sexto grado es suficiente, ya que, para los trabajos que tradicionalmente han existido en muchas de estas zonas, la educación no hacía diferencia”, agregó.
Según Garnier, se han hecho esfuerzos importantes por combatir esas diferencias. Destacó, entre ellos, la inversión en infraestructura y tecnología, mediante esfuerzos para dotar a los liceos rurales de una computadora por estudiante y mejoras en el acceso a Internet.
A criterio del ministro, para lograr una cobertura completa en preescolar y educación secundaria, es indispensable aumentar la inversión en educación al 8% de producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, advirtió que, para conseguirlo, habría que aumentar también en un 1% los ingresos del Gobierno Central.