Los responsables de los departamentos jurídicos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya sacaron la calculadora.
Ambos trabajan en recopilar información sobre los daños causados por la grúa que provocó, la noche del martes, el colapso del puente bailey en la autopista General Cañas.
Con esos datos se podrá alistar el reclamo económico contra la empresa Grúas Quirós Sociedad de Responsabilidad Limitada, propietaria del equipo especial accidentado.
La instrucción de iniciar estas acciones la dio verbalmente el jerarca del MOPT, Pedro Castro, a la gerente de gestión de Asuntos Jurídicos del Conavi, Gabriela Trejos.
No obstante, este jueves, la Junta Directiva del Consejo conocerá la excitativa para iniciar el proceso. Entre tanto, en el MOPT, el trabajo fue encargado al director legal, Rónald Muñoz, informó Omar Segura, vocero de esa entidad.
Una vez concluido el informe de daños y estimados los costos de las reparaciones, harán una invitación a la empresa propietaria del vehículo especial a hacer el pago.
En caso de obtener una respuesta negativa, Conavi y MOPT trasladarán el asunto a la Procuraduría General de la República, en su labor de abogado del Estado.
Será ese órgano el que presente judicialmente el reclamo ante los tribunales contenciosos, que son los que conocen los conflictos en los que el Estado figura como parte.
Hasta ahora, los propietarios de la empresa han preferido no pronunciarse, no obstante, un abogado de apellido Vargas confirmó que fue contactado por la firma.
Anoche, según dijo, aún no llegaban a algún acuerdo para asumir el caso ante la eventual demanda. Colaboró Vanessa Loaiza.