Un intenso debate entre una de las juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la procuradora General de la República y defensora del Estado costarricense, Ana Lorena Brenes, así como la presentación de una polémica cuña de radio, fueron parte del último día del juicio por el veto en el país para la práctica la fecundación in vitro (FIV).
La segunda y última jornada de audiencias sirvió para que los representantes del Estado y de los 18 demandantes, así como personeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quemaran los últimos cartuchos en la defensa de sus alegatos.
Un día antes, la Corte había escuchado los testimonios de dos de las supuestas víctimas por la prohibición de la FIV, además del criterio de cuatro peritos.
Pero fue ayer cuando más se contrastaron las posiciones. Los abogados de los demandantes y los representantes de la CIDH insistieron en la violación a los derechos humanos cometidos por Costa Rica, mientras que el Estado recalcó su negativa en que se regule o permita el método médico para lograr embarazos.
Momentos álgidos. El primer suceso que rompió la monotonía de la audiencia de ayer se dio cuando el abogado de las parejas, Boris Molina, reprodujo para los jueces y el público una de las cuñas que divulgó meses atrás una radioemisora de corte religioso.
En el audio se escuchaba la voz de una niña explicando que para vivir, siete de sus “hermanitos” tuvieron que morir en un laboratorio. No se hicieron esperar los cuchicheos del público.
El otro punto álgido de la jornada fue cuando la jueza jamaiquina Margarette May cuestionó los razonamientos que minutos antes había dado la procuradora Brenes de por qué no se permitía la FIV aquí.
Precisamente, Brenes había manifestado, entre otras cosas, que no ha habido injerencia del Estado costarricense en la vida privada de los demandantes.
La procuradora defendió, además, que el Estado tiene un margen de apreciación para decir cuándo se inicia la vida –antes había dicho que comienza en la concepción y no en la implantación del embrión–.
Al cerrar la audiencia, Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana, preguntó a Brenes si el Estado coincidía con uno de los peritos, en el sentido de que este último dijo que si se reduce la cantidad de embriones por implantar, no vería mal utilizar la FIV.
Brenes respondió que “el Estado no comparte esa valoración (...); la tesis que sostenemos es que mientras haya destrucción de embriones no se puede permitir la fecundación in vitro”.
¿Qué sigue? Finalizadas las audiencias, las partes tienen hasta el 6 de octubre para ampliar sus alegatos en forma escrita y así los jueces entrarán a resolver el caso con base en testimonios y pruebas.
Se estima que la sentencia se dará entre el 16 y 30 de noviembre.
Sea cual sea el fallo –que el Estado no ha violado derechos humanos, o bien, lo contrario, que se tenga que reactivar la FIV–, Costa Rica deberá acatarlo.
Ayer, en medio de su visita a Guanacaste, la mandataria Laura Chinchilla dijo que lo actuado por la Procuraduría estos dos días “no es una defensa de gobierno, es una defensa de Estado”.
Chinchilla sostuvo que “Costa Rica acatará cualquiera que sea el fallo emitido por los jueces”.
Una década. Fue en el año 2000 cuando la Sala IV eliminó un decreto ejecutivo que permitía la FIV.
Un año después, nueve parejas que se dicen afectadas por la resolución llevaron el caso a la Corte. En el 2010 la Comisión emitió un informe en que señala que el Estado costarricense violó derechos humanos fundamentales al vetar la FIV. Colaboró Álvaro Murillo