Después de la crisis económica a inicios de la década de 1980, Costa Rica fue escenario de un cambio estructural importante pasando de un modelo de desarrollo “hacia dentro” que se basaba en la sustitución de importaciones a un modelo de desarrollo “hacia fuera”, caracterizado por la inserción en la economía internacional.
Se implementaron una serie de medidas, que abarcaban diversos ámbitos; en particular: el comercio internacional y la movilidad de capitales, la liberalización del sistema financiero y la modernización del Estado.
La reforma que más avanzó fue la liberalización del sector externo, impulsándose las exportaciones a través de diferentes incentivos a las empresas y se redujo el proteccionismo en ciertas industrias. El objetivo de esta política era alcanzar un mayor nivel de producción y mayor estabilidad en el largo plazo, ya que el mercado doméstico y el centroamericano resultaron no ser suficientes.
Por tanto, la política pública favoreció la política comercial como eje estratégico, lo cual generó una economía nacional más diversificada y sofisticada, con una menor dependencia de productos tradicionales. Actualmente se exportan más de 4.000 productos a 150 países alrededor del mundo.
El alto crecimiento de los países emergentes representa una oportunidad para nuestro país de impulsar mayores relaciones comerciales, además de potenciar la participación de Costa Rica en las cadenas globales de valor en productos y bienes relacionados con la ingeniería electrónica y componentes médicos, como un aporte adicional a nuestra economía. En esta línea, es importante acotar que se han firmado acuerdos de comercio preferencial con 54 naciones, que representan dos tercios del PIB mundial.
La atracción de inversión extranjera de largo plazo ha contribuido a financiar de manera sostenible el déficit de cuenta corriente y la creación de nuevos puestos de trabajo calificado.
Otra de las políticas que integraron la estrategia de desarrollo fue la flexibilización del esquema cambiario, a través del mecanismo de bandas cambiarias, eliminando un subsidio implícito para el sector exportador, que le ha generado al Banco Central mayores grados de libertad para conducir la política monetaria y el control de la inflación (un impuesto de carácter regresivo).
Reforma del sector financiero. Comparativamente con la puesta en marcha de éstas medidas, la reforma del sector financiero fue un poco más lenta. Fue decisivo en este entorno la promulgación de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica en 1995, que le otorga mayor autonomía, así como la autorización para que la banca privada pudiera captar depósitos en cuentas corrientes, eliminando con ello el monopolio de la banca estatal.
En relación con la reforma del Estado, poco se ha avanzado en temas como eficiencia administrativa, en materia presupuestaria y las reformas tributarias, ésta última ha respondido más a situaciones coyunturales, por lo que el déficit fiscal, sigue siendo un problema recurrente. El papel apropiado del Gobierno es ser catalizador y estimular a las empresas a elevar sus aspiraciones y pasar a niveles más altos de desempeño competitivo. Consecuentemente, el Gobierno conjuntamente con el sector privado, deben facilitar el aumento de las capacidades productivas que generen oportunidades para todos los ciudadanos.
Retos.Si bien es cierto, nuestro país ha obtenido logros del modelo de desarrollo adoptado, es innegable que persisten retos, cuya solución depende de la participación de todos los sectores sociales, así como una administración responsable de la macroeconomía. Requerimos de consensos políticos y sociales basados en una planificación estratégica que aborde el corto y el largo plazo.
Aún se mantienen desafíos que se necesitan solventar como la distribución del ingreso, la desigualdad, los índices de pobreza, la estabilidad ambiental, entre otros, por lo que es preciso repensar el sistema impositivo y analizar la forma en que se recaudan los impuestos para que el Estado siga siendo equitativo. Aunado a la consecución de recursos, es evidente la escasa inversión en infraestructura que nuestro país ha realizado en los últimos 30 años, este rezago amerita acelerar la construcción de obra pública, aumentando la inversión y no el gasto corriente.
La carga tributaria de nuestra nación es relativamente baja, para las demandas que tiene la sociedad, por lo que se requiere la implementación de políticas serias que justifiquen rendimientos a futuro, provocando mayor confianza ante los inversionistas. El problema fiscal debe manejarse con una reforma fiscal progresiva, una propuesta de aumento de los impuestos debe mostrar una racional y eficaz utilización de los recursos públicos y un decisivo combate contra las anomalías o el mal uso de éstos.
Es necesario que los contribuyentes observen una gestión efectiva del Estado. De igual forma, se debe aprobar la emisión de títulos de deuda externa (eurobonos) aprovechando un financiamiento externo con tasas bajas que además permitiría refinanciar la deuda.
Es importante advertir que el éxito de estrechar la brecha entre la situación actual y el país que queremos radica en fortalecer aspectos como la educación en todos sus niveles, la formación científica y tecnológica, la innovación y la investigación.
Asimismo, es un imperativo la definición de políticas públicas con visión a largo plazo que generen respuestas reales y duraderas, que provean protección social para todos, permitiendo planear el futuro e ir más allá de las apremiantes necesidades inmediatas.