Dos de los diputados que votaron e impulsaron la ley de delitos informáticos sostienen que no fueron ellos los redactores del plan que aumenta la pena de cárcel por divulgar información política secreta.
Según ellos, fueron asesores legislativos y de la Procuraduría General de la República quienes redactaron el texto que firmó como ley el lunes anterior, la presidenta de la República, Laura Chinchilla.
Tal es el alegato de los diputados Óscar Alfaro , de Liberación Nacional (PLN), y Carlos Góngora, del Movimiento Libertario.
“Uno lo que hace es venir a darle una revisión al documento, por el volumen de trabajo. Lo que se da es que los asesores, con colaboración de la Procuraduría, trabajaron el texto”, se justificó Alfaro.
Como ellos no redactaron la ley que aprobó el plenario, no saben quién modificó la norma.
“Cuando retornemos (de vacaciones) se sabrá quién introdujo esa recomendación”, expresó el libertario Góngora.
Polémica. La norma aprobada en el marco de sanciones para los delincuentes informáticos amplió la pena para el delito de espionaje político, incluido en el Código Penal hace 42 años.
Ahora, la nueva norma prevé mayores sanciones de cárcel a quien “procure” u obtenga “indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad”.
La pena mínima actual es de un año y la máxima de seis, pero una vez que entre en vigor la ley la n mínima será de cuatro años de cárcel y la máxima, de ocho.
Ambos congresistas afirmaron que nunca fue su intención promover un plan que afectara la libertad de expresión y dijeron estar anuentes a revisar la norma y promover los cambios que sean necesarios.
Apoyaron el plan de ley porque recibió el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia, arguyeron.
Sin embargo, consultado por este diario, el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, advirtió que la revisión del proyecto de ley se limitó a señalar si afectaba o no el funcionamiento del Poder Judicial y no hallaron problemas.
“La Corte lo que señala es que los proyectos de ley no inciden en el funcionamiento del Poder Judicial; no nos corresponde ver otras circunstancias. Si fuera un tema de constitucionalidad tendrían que consultarlo a la Sala Constitucional”, expresó Mora.
El plan lo analizarán la próxima semana miembros del Ejecutivo, Legislativo y directores de medios y representantes del Colegio de Periodistas para revisar la afectación a la libertad de expresión.
La presidenta Chinchilla afirmó esta semana que la intención no es limitar el trabajo de la prensa.