Autopistas del Sol, concesionaria de la carretera a Caldera, prepara una demanda millonaria contra el Estado por no abrir el peaje de Ciudad Colón, en la vía a Caldera.
El reclamo corresponde al dinero que no recibe la compañía desde el 31 de octubre de 2009, cuando debieron entrar en operación las casetas de peaje.
Francisco Jiménez, ministro de Transportes y presidente del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), dijo ayer que según la constructora la deuda llega a $4 millones, unos ¢2.000 millones, al tipo de cambio de hoy.
Autopistas del Sol confirmó, por medio de un correo electrónico, que “al no cumplirse con lo acordado, el Estado costarricense deberá indemnizar a la sociedad concesionaria por lo dejado de percibir durante el tiempo que se mantuvo suspendido dicho cobro”.
Sin embargo, la empresa se reservó el monto del reclamo.
“El tema relacionado con la apertura de dicho peaje se está discutiendo en este momento en los tribunales y no vemos prudente adelantar ningún criterio”, señaló la empresa.
La firma de capital español se ampara en el artículo 17 de la Ley de Concesión de Obra Pública, que le permite cobrar judicialmente al Estado los dineros que no han pagado los usuarios de esa vía.
Advertencia. La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al CNC desde setiembre anterior que la suspensión del cobro “pone en riesgo el erario”, ante el derecho de la concesionaria de exigir una indemnización por los días que el peaje esté cerrado.
A hoy, el cobro se mantiene suspendido mientras el Tribunal Contencioso Administrativo resuelve la petición de medidas cautelares solicitadas por los alcaldes de Santa Ana, Mora y Puriscal.
Según la concesionaria, por el tramo entre Ciudad Colón y Atenas pasan cada día 12.000 vehículos. A cada auto liviano le cobraría ¢150, de acuerdo con la tarifa actualizada hace una semanas.
Jiménez sostuvo que desde ya en Concesiones evalúan varias alternativas para llegar a un acuerdo con la empresa, sin hacer un pago directo de indemnización.
Por ejemplo, alargar el plazo de la concesión, que fue pactado a 25 años, o aumentar el monto de ganancia que percibiría la firma por administrar la carretera.
Ese proceso se llevaría de nuevo ante el Tribunal Contencioso.