La Sala Primera de la Corte Suprema frustró un nuevo intento de la empresa Industrias Infinito por anular el fallo judicial que sepultó el proyecto minero Crucitas.
Los magistrados resolvieron ayer, en forma unánime, rechazar de plano un recurso de revisión extraordinario, promovido la semana pasada por la firma canadiense.
Anabelle León, magistrada presidenta de la Sala Primera, explicó que no se daba ninguna de las causales previstas por ley para dar paso a la revisión extraordinaria.
Por su parte, Yokebec Soto, vocera de prensa de Industrias Infinito, dijo que no se les había notificado la decisión de la Sala Primera.
“Si esto es así, esperamos los resultados de la otra acción pendiente en la Sala Constitucional. De otra forma, es claro que tenemos la opción de ir a un arbitraje internacional, pero no será hasta que se agoten todas las vías en el país”, aseguró.
Con la gestión promovida ante la Sala Primera, la minera pretendía anular el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, del 14 de diciembre del 2010, el cual anuló una concesión para extraer 800.000 onzas de oro en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.
La sentencia fue ratificada por los magistrados de la Sala Primera en noviembre del año pasado.
La minera alegó defectos en el proceso judicial que condujo a ese fallo, pues excluyó al propietario de las fincas donde se pretendía desarrollar el proyecto, a pesar de que la resolución lo afecta. Dichas tierras están inscritas a nombre de cinco sociedades cuyo representante es un hombre de apellido Vargas, quien reside fuera del país.
Según el recurso presentado por Juan Carlos Hernández, abogado de Industrias Infinito, esa compañía solo posee un derecho de uso y usufructo sobre dichas tierras.
En el fallo, el Tribunal Contencioso concluyó que había irregularidades en el otorgamiento de permisos a la minera, así como falta de fundamento técnico para declarar el proyecto de “interés público” y “conveniencia nacional”.
Dicha declaratoria la hicieron, en octubre del 2008, el entonces presidente Óscar Arias y el ministro de Ambiente, Roberto Dobles.
Por este caso la Fiscalía investiga a diez funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena). Colaboró Irene Vizcaíno.