La dirigencia del Partido Liberación Nacional (PLN) intentó cobrarle al TSE ¢65 millones para pagarles intereses a 93 prestamistas privados que le financiaron parte de la campaña municipal del 2010.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) detectó la intención y rechazó de plano el pago con fondos públicos por ser irregular.
La entidad solo puede reconocer gastos debidamente respaldados y, cuando se trata de operaciones financieras, la ley únicamente permite pagar las transacciones efectuadas con instituciones del sistema bancario nacional.
El intento de cobro consta en los documentos que el PLN presentó ante el TSE para redimir los gastos de esa campaña con la contribución estatal (deuda política).
Esta es la primera vez que los partidos podían redimir gastos de la contienda municipal gracias al nuevo Código Electoral del 2010.
De esa manera, el PLN recaudó cerca de ¢650 millones, poco más del 40% de los ¢1.550 millones que invirtió en las votaciones.
A la hora de firmar los créditos, los cuales fueron garantizados mediante pagarés, Liberación se comprometió a pagarles a los prestamistas un interés del 20% anual, en promedio tres veces más que la tasa de mercado vigente.
Muchos de los prestamistas fueron candidatos a alcalde, activistas o, incluso, diputados.
Álex Sibaja, tesorero del Partido en la campaña, alegó que los préstamos nacieron por “necesidad”, pues en aquel momento carecían de capacidad de endeudamiento con garantías reales.
Ante la rotunda negativa del Tribunal, el Partido debió asumir el pago de intereses a sus prestamistas con fondos propios.
Créditos “especiales”. El PLN dio a sus 93 acreedores condiciones muy especiales. La mitad de los intereses se les pagó por adelantado una semana después de la firma de cada préstamo.
Por ejemplo, por un crédito de ¢5 millones, el partido le extendía un cheque de ¢500.000 al prestamista 8 días después de sellado el trato.
Según los convenios, la otra mitad debía ser pagada en desembolsos mensuales a partir del sétimo mes, mientras que el dinero prestado debía ser devuelto en un año.
En su mayoría, los contratos fueron sellados entre setiembre y noviembre del 2010.
Entre los prestamistas están los legisladores Víctor Hugo Víquez y Annie Saborío, así como los alcaldes Rolando Rodríguez (Cartago), José Manuel Ulate (Heredia), Mercedes Moya (San Ramón) y Maureen Fallas (Desamparados).
Otra de las personas fue Manrique Chaves, tesorero de la campaña en el cantón de San Carlos. Él dijo que puso ¢15 millones porque el negocio le resultó “atractivo”.
Según Chaves, en un banco le podían pagar 7% de interés por invertir en títulos bancarios, con lo que el 20% resultaba “bonito”.
En noviembre del 2010, la tasa básica pasiva pagada en bancos osciló entre 7,25% y 7,75%.
El diputado Víquez afirmó que prestó ¢10,8 millones “por ayudar” porque les informaron de que el Partido no disponía de muchos recursos y ofrecía préstamos bien constituidos. Tanto Chaves como Víquez aseveraron que ya les pagaron lo convenido.
Necesidad. El tesorero de entonces, Álex Sibaja, justificó en el estado de necesidad la decisión de acudir a prestamistas privados.
“Nosotros teníamos una capacidad de endeudamiento con garantías reales que no nos alcanzaba para cubrir el presupuesto que habíamos estimado para la campaña”.
Por eso, dijo Sibaja, se acordó que los candidatos al puesto de alcalde tenían que conseguir una parte del financiamiento mediante créditos fiduciarios.