El 11 de mayo del 2011, cuando los magistrados adoptaron la desafortunada decisión de elevar el tope de los beneficios de cesantía para los funcionarios del Poder Judicial, el país ya acumulaba años de ejercicio fiscal deficitario y debatía con respecto a la necesidad de una reforma tributaria, cuyo peso recaería sobre los hombros de la producción nacional y de la población en general.Leer más...
Sorprende que en una entidad tan compleja como la Corte, los responsables aprueben un gasto innecesario cuyo financiamiento no está a la vista un año antes dela erogación
A los magistrados no les preocupó la inexistencia de recursos para financiar la ampliación de la cesantía, con justicia calificada por Hacienda como un “privilegio”